La consellera Marta Vidal reunió ayer a los miembros de la Mesa de Vivienda, un organismo que no se había reunido en los últimos dos años, según el Govern.

El Govern ya prepara convenios con una veintena de ayuntamientos para ceder suelo a los promotores y que sean ellos quienes construyan viviendas de alquiler a precio tasado. Los promotores se encargarían de la gestión de estos alquileres durante una serie de años y el edificio quedará después en manos del Govern.

Es una de las medidas que anunció ayer la consellera d’Habitatge, Mata Vidal, en la Mesa de la Vivienda. «Se trabaja en las prioridades de aquí a final de año en la identificación de suelos y la redacción de los pliegos tipo para llevar a cabo las primeras licitaciones por parte de las administraciones públicas en el inicio de 2024», dijo la consellera.

Vidal detalló a los asistentes las líneas generales del programa del Govern en materia de vivienda y la cesión de suelo es una de las medidas más destacadas. Otras medidas que presentó la consellera están recogidas en el decreto de medidas urgentes en materia de vivienda, como la nueva figura de viviendas de precio limitado (HPL), dirigidas a favorecer el acceso a la vivienda a las clases medias y trabajadoras y a la gente joven.

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La consellera se comprometió a la agilización de los pagos de las ayudas al alquiler, para personas con escasos recursos económicos y a dar un impuslo a las ayudas financiadas con fondos europeos para la rehabilitación energética de viviendas y edificios residenciales.

Además, las políticas de vivienda iniciadas para esta legislatura incluyen la elaboración del Plan estratégico de vivienda y de la futura nueva Ley de vivienda de las Balears, según informa el Govern en un comunicado.

La consellera detalló la aplicación de las medidas de ventajas fiscales y de acceso a la vivienda, como las rebajas tributarias ya aprobadas o el actual programa Garantía Hipoteca IBAVI para favorecer el acceso a una hipoteca, además de la mejora de la gestión del actual registro de viviendas desocupadas, la creación del Observatorio de la Vivienda, medidas para la simplificación de los procedimientos urbanísticos para aligerar las cargas procedimentales y actuaciones para comenzar el programa pionero de alquiler seguro y el plan contra la ocupación ilegal de viviendas.