En concreto, en los Juzgados de Palma, Inca e Ibiza hay consignadas cantidades por 94.407,93 euros pendientes de abono en 47 procedimientos diferentes. Algunas de estas cantidades están disponibles desde hace más de 40 años --la más antigua data de 1980--, aunque la mayoría son de la década de los 90 y principios de los 2000; todas ellas antes del cambio de pesetas a euros.
Salvo unas pocas excepciones, en la práctica totalidad de casos se desconoce el beneficiario. La mayoría de cantidades son más bien pequeñas --uno de los procedimientos es de sólo un céntimo--, pero la cifra total se explica por los 72.120,89 euros disponibles en un proceso de un Juzgado de Instrucción de Inca desde el año 1996, con beneficiario desconocido para el Ministerio.
Por Juzgados, 540,91 euros corresponden a un Juzgado de Instrucción de Ibiza; 88.757,56 euros a Juzgados de Inca; y 5.109,46 euros a los de Palma. En la mayoría de procesos se trata de Juzgados de Primera Instancia.
ESTE DINERO SE DECLARARÁ ABANDONADO EN UN MES
Se trata de cantidades que no han podido ser entregadas a sus destinatarios después de que el Juzgado haya intentado averiguar su domicilio o residencia, o que están pendientes de pago porque aunque se haya hecho el mandamiento, el beneficiario no lo ha presentado a cobro.
El Ministerio ha abierto un plazo de un mes a contar desde este lunes, en el que los interesados pueden reclamar las cantidades ante la sede de la Dirección General para el Servicio Público de Justicia en Madrid.
Pasado ese tiempo, las cantidades no reclamadas se declararán abandonadas a favor del Estado y prescritas las consignaciones. El anuncio se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
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