El Servicio de Salud de Baleares (IbSalut) emitió en 2020 un certificado de conformidad con el pedido de mascarillas a la empresa clave del caso Koldo, a pesar de que ya había recibido, dos meses antes, los resultados de los análisis constatando que el material no cumplía con los requisitos de una mascarilla FFP2.
Esta certificación se hizo el 12 de agosto de 2020 a solicitud de la empresa, Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL, y la firma un subdirector de Compras y Logísticas, según ha informado en una rueda de prensa el actual director del IbSalut, Javier Ureña.
Ureña ha aclarado que es habitual que las empresas soliciten este tipo de certificados para poder presentarlos al concurrir a otras contrataciones públicas. El documento acredita que, para el IbSalut, el contrato se había ejecutado «correcta y satisfactoriamente» sin que se hubiera producido «ninguna incidencia».
Sin embargo, ya el 8 de junio de 2020 el centro estatal que analizaba el material había emitido un informe concluyendo que las mascarillas no cumplían los requisitos de una mascarilla FFP2. El material continúa a día de hoy almacenado en Son Dureta, ya caducado y sin utilizar.
Para los actuales responsables del IbSalut, ese certificado de agosto «hace que sea complicado que prospere» la reclamación de 2,6 millones de euros a la empresa, cantidad fundamentada en la diferencia de precio con una mascarilla quirúrgica.
De hecho, la empresa esgrimió ese documento en las alegaciones presentadas el pasado noviembre, además de protestar por que la administración le reclame la resolución de un contrato ejecutado tres años antes.
LA RECLAMACIÓN NO HA CADUCADO
Por otro lado, el Govern ha negado que la reclamación --iniciada formalmente, asegura, en agosto de 2023-- haya caducado, ya que según sus cálculos el plazo continuaría vigente hasta abril. Esta afirmación la fundamente en que según «el tenor literal de la Ley», el plazo de caducidad es de ocho meses --al margen de una sentencia reciente del Tribunal Supremo que situaría en seis meses el plazo para este tipo de procedimientos--.
En cualquier caso, tanto Ureña como la consellera de Presidencia y Administraciones Públicas, Antònia Maria Estarellas, han restado importancia al detalle de la caducidad porque entienden que este expediente en particular no condiciona su capacidad para reclamar los fondos.
En concreto, han recalcado que aun cuando caducara, ello «no impide poder abrir un nuevo procedimiento por la vía administrativa», en paralelo a la penal.
De hecho, el Govern tiene previsto reclamar no sólo los 2,6 millones de euros por la diferencia de precio, sino el total del importe del contrato, 3,7 millones, y planea «agotar todas las vías» que sean necesarias para ello.
En este sentido, Estarellas ha anunciado que ya se ha formalizado la personación del Govern balear ante la Audiencia Nacional, a la espera de que la admita el juez. Con ello pretende tener acceso a la totalidad de las actuaciones que no estén bajo secreto «para poder comprobar la magnitud» de las irregularidades y decidir «la forma más idónea de proceder».
CODIFICACIÓN DISTINTA A LAS FFP2 PARA USO NO HOSPITALARIO
Uno de los detalles sobre los que se ha llamado la atención durante la rueda de prensa es el hecho de que, después de recibir las mascarillas pero antes de analizarlas, internamente se solicitó codificarlas en el sistema de inventario con un código distinto a las FFP2 estándar, para destinarlas a uso ciudadano y no hospitalario.
El actual equipo del IbSalut desconoce el motivo por el que se requirió una codificación distinta si todavía no se sabía que las mascarillas no reunían los requisitos esperados.
«Del contenido de las comunicaciones parece que pueda haber dudas del destino y uso de esas mascarillas. Hay muchas preguntas que no podemos contestar el equipo actual, porque para nosotros son auténticas incógnitas», ha dicho Ureña.
Además, este gesto de codificar las mascarillas para uso no hospitalario entraría en contradicción con un informe del 4 de mayo donde se justifica la contratación de emergencia en la necesidad de equipar con material de protección a los profesionales sanitarios.
ANÁLISIS DE LAS MASCARILLAS
Aproximadamente un mes después de la recepción del cargamento, el 22 de mayo se solicitó internamente la recogida de un paquete de pequeñas dimensiones con muestras, destinadas al Centro Nacional de Medios de Protección, un ente del Ministerio de Sanidad que se encargaba de verificar la utilidad y validez del material. Los resultados llegaron el 8 de junio, concluyendo que no cumplía con una FFP2.
El 3 de julio el IbSalut trasladó este expediente junto a otros para valorar que recibieran financiación europea (fondos FEDER). Estarellas ha querido ser «muy prudente» al valorar este paso, puesto que «siempre que hay la posibilidad de ir a un fondo europeo, la administración tiene obligación de trasladarlo».
En lo relacionado con este pedido, no se producen más novedades relevantes hasta que en mayo de 2021 el responsable del almacén avisó de que la mayor parte de las mascarillas caducarían en 2022 y uno de los modelos en 2023. «Aún tenemos margen para dar salida», se indicaba, pero las mascarillas continuaron almacenadas.
VISITA DE LA GUARDIA CIVIL
En 2022 la Guardia Civil y la Fiscalía requirieron el expediente dentro de una investigación, y no constan movimientos hasta que en marzo de 2023, Manuel Palomino --como director general del IbSalut tras la salida de Juli Fuster-- dirige un apercibimiento a la empresa.
Ureña ha remarcado que ese escrito tiene un valor puramente comunicativo sin efectos jurídicos como reclamación.
En cualquier caso, cuatro días después de esa comunicación la empresa contestó rechazando las afirmaciones del Govern sobre los defectos del contrato, apoyándose en que lo suministrado era «conforme a lo convenido», que serían mascarillas KN95 y no FFP2.
La empresa también razonó que era «completamente extemporáneo e improcedente» que en el marco de una contratación de emergencia se comunicaran supuestos defectos de suministro con tres años de retraso.
Aquel contacto fue el único hasta la propuesta de inicio de resolución parcial, un informe del subdirector de compras del 6 de julio donde ya se cifra en 2,6 millones de euros la compensación.
Con todo, según el Govern ahí tampoco comienza formalmente la reclamación, sino que se materializa el 24 de agosto de 2023. Por ello, Ureña ha afirmado que «antes del traspaso de poderes no hay una reclamación como tal».
Así, en agosto se dictó una resolución resolviendo parcialmente el contrato, reclamando 2,6 millones de euros de compensación. En octubre se abrió un plazo a la empresa para presentar alegaciones.
NINGÚN CARGO DE LA EMPRESA HA HABLADO CON EL GOVERN ACTUAL
A raíz de ello, aquel mes un responsable de la empresa compareció en el IbSalut y solicitó tener acceso al expediente, y también visitó el almacén de logística. En ambas visitas fue atendida por funcionarios: «Ningún representante político ni directivo de la Conselleria ni el IbSalut ha mantenido ningún otro contacto con la empresa», ha recalcado Ureña.
En esta línea, el director del IbSalut ha querido «disipar cualquier duda sobre la profesionalidad» de los trabajadores de la casa y la «adecuación a la normativa vigente».
Así, el pasado noviembre la empresa presentó sus alegaciones esgrimiendo que debían aceptarse las mascarillas chinas, que sí serían de uso hospitalario, y recordando el certificado de conformidad de la administración, entre otros motivos. De este modo, en este momento el expediente se encuentra en fase de resolución de alegaciones.
4 comentarios
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Estamos rodeados por expertos! Unos como otros! Todos iguales!
Que esperar de una presidenta del gobern balear que en plena pandemia estaba de copas en un bar sin caso a las prohibiciones???? Esta es nuestra clase política. CORUPTA Y INCOMPETENTE. VIVA ESPAÑA Y POBRES DE NOSOTROS QUE COMO TONTOS SEGUIMOS TRABAJANDO Y PAGANDO INPUESTOS.
Estaba bajo los efectos del gin tonic y no se entero.
Cojamos palomitas que esto va para largo 🤣🤣🤣🤣