La constructora del empresario José Ruz está en el punto de mira de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que le sitúa como un contratista próximo a Koldo García (exasesor de José Luis Ábalos) en la investigación por el presunto cobro de comisiones ilegales con la compra de mascarillas durante la pandemia.
Según publicó el periódico canario La Provincia, la investigación se centra en el viaje de José Ruz a Las Palmas de Gran Canaria, en febrero de 2022, para reunirse con Koldo García y en el hecho de que, días después, se le adjudicara a su empresa la reforma del Edificio Royal para convertirlo en la sede de la Agencia Tributaria Canaria (ATC).
Ese mismo mes de 2022, la Conselleria d'Afers Socials, dirigida por entonces por Fina Santiago (Més per Mallorca) adjudicaba también las obras de construcción de la residencia de gente mayor del nuevo Son Dureta a la misma empresa.
En este caso, sin embargo, parece no haber sombra de irregularidades pues el concurso salió a finales de 2021 y, de las cuatro aspirantes, lo ganó otra empresa: Tecnología de la Construcción y Obras Públicas, S.A (Tecopsa). «Esta constructora renunció y se le dio a LIC, que había quedado segunda», explica el actual gerente del Consorci de Recursos Sociosanitaris i Assistencials de la Conselleria d'Afers Socials, Alejandro Mora.
En febrero se formalizó el contrato y un mes después se iniciaron las obras para la construcción de la residencia, por valor de 9,6 millones de euros, que debían finalizar en julio de 2023.
Mora, que entró en el nuevo Govern el pasado mes de septiembre, explica que a finales de ese mes, en las sesiones de seguimiento de la ejecución de obras «se llevaba un buen ritmo», pero los problemas no tardaron en llegar. «Veíamos poca gente trabajando, después solicitaron una prórroga en los plazos y nos empezaron a llegar quejas por impagos a servicios subcontratados por LIC», relata Alejandro Mora.
El pasado 25 de enero LIC envió al Govern un documento de preconcurso de acreedores y aunque «no es causa justificada», la empresa dejó de trabajar en la construcción de la residencia.
La historia se repite
La paralización de las obras en Balears ha sucedido, con el mismo modus operandi, en otras comunidades en las que LIC también se encargaba de contrataciones públicas.
Es el caso, por ejemplo, de la investigada reforma para convertirse en la sede de la Agencia Tributaria Canaria, dentro de la trama Koldo.
Pero también ha sucedido lo mismo con el colegio Ana María Navales de Zaragoza donde tenían encargado el aulario de Primaria;o con la ejecución de las obras de los accesos al Centro Hospitalario de Alta Resolución de Lepe (Huelva).
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