El exdirector de la Oficina de Anticorrupción de Baleares, Jaume Far, ha comparecido este martes. | Jaume Morey

El ex director de la Oficina Anticorrupció  Jaume Far –que en 2020 realizó un informe sobre las compras de material sanitario en el que analizaba las realizadas a la empresa Soluciones de Gestión– afirmó ayer que se reafirmaba en las conclusiones de entonces –anteriores al estallido del llamado ‘caso Koldo’– y que no vio ningún indicio de delito. «De hecho no se llevó el informe a ningún órgano judicial», dijo.

      Far, como en su época de director, dio una de cal y otra de arena, no dejó de responder ninguna pregunta y mantuvo –aunque precisando que lo hacía desde el punto de vista «subjetivo»– que quizá se extendió demasiado tiempo en que todas las contrataciones del Govern, incluidas la compra de las mascarillas de la polémica, se hicieran por el procedimiento de emergencia. Comentó que quizá no debería haber continuado una vez finalizado el estado de alarma pero, en una pregunta al respecto, afirmó que aquel mes (era abril de 2020) parecía estar justificado. Lo que no estaría –y también se refirió a esta cuestión en respuesta a una pregunta– fue encargar un contrato de promoción publicitaria, como sucedió en el Consell de Ibiza.        En su intervención –posiblemente la que abrió más el foco de las celebradas hasta ahora y en la que los distintos grupos consideraron útil y clarificadora– Far indicó que no recibió presiones después de presentar el informe y que no fueron presiones políticas lo que le llevaron a renunciar al puesto. Far expresó que en su análisis no se ocupó de analizar la calidad de las mascarillas ni si lo comprado se correspondía con lo enviado.

    «La Oficina decidió investigar de oficio, precisamente por las distintas denuncias sobre lo que estaba pasando, todo el mundo compraba mascarillas en China y aquello era un zoco», indicó para añadir que los precios de Soluciones de Gestión «no eran los más caros». Hubo algo que le llamó la atención, y que ahora recuerda pasado el tiempo, que esa compra se realizara cuando el avión ya estaba en Madrid. Dijo que ya entonces aparecían informaciones sobre algunos administradores de la empresa.

El PP preguntó por cuestiones que no recogían el informe. Dijo que si se dio conformidad al envío y luego se reclamó no es lo habitual y se refirió a «errores» como usar fondos europeos y no informar en el traspaso de poderes, si eso fue cierto.    Més y PSIB defendieron que la oficina era necesaria y también opinó así Far.