La Biblioteca de Can Ventosa es de gestión municipal y cubre una población superior a 5.000 habitantes, por tanto podría verse afectada por dicho canon. g Foto: FIRMA DEL FOTÓGRAFO | Redacción Local

El Gobierno aseguró frente al canon a las bibliotecas públicas puesto en marcha este mes de agosto que no ha habido cambios que obliguen a las mismas a pagar a los autores, ni tampoco los usuarios van a tener que pagar a las bibliotecas cuando quieran hacer uso del servicio de préstamo. Así se desprende de una respuesta del Gobierno en el Congreso a la diputada del BNG Rosana Pérez, y en la que también el Ejecutivo resalta que la biblioteca pública no cobra por acceder a la misma o por los servicios que presta, ya que ello iría en contra su filosofía basada en el «principio fundamental de estar a disposición del conjunto de los ciudadanos, sin discriminación de ninguna clase».

Pérez recordó que el pasado 1 de agosto el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó el decreto 624/2014, de 18 de julio, que recoge la obligación de pagar por el préstamo de libros en bibliotecas, museos y archivos; una norma que «asume sin rechistar» una directiva de la UE, que establece que en las bibliotecas de poblaciones de más de 5.000 habitantes, se deberá pagar un canon por los libros prestados.

La nacionalista gallega preguntó así al Gobierno por las razones que le habían llevado a establecer esta tasa, a pesar de tratarse de una directiva europea pensada para países del norte de Europa «con una red de bibliotecas ejemplar».

«¿No cree que no es adecuada para el Estado español donde las políticas públicas en el campo de la cultura son ya de por si muy deficientes? ¿No supone esta decisión un duro golpe para las maltrechas economías de las bibliotecas públicas, especialmente las municipales? ¿No va a suponer este canon un revés para la promoción y el acceso universal a la cultura, especialmente a los libros?», preguntó la diputada gallega.

En España hay 4.771 bibliotecas públicas y unos 80 bibliobuses. El Estado es titular de 53 bibliotecas (aunque sólo la Biblioteca Nacional) y las comunidades de 70. La inmensa mayoría de las bibliotecas son municipales, aunque la ley sólo afecta a las que están situadas en localidades de más de 5.000 habitantes (unas 1.300).