El canon de saneamiento, que grava el consumo de agua, permite financiar nuevas depuradoras. En la imagen, la de Manacor | Antoni Pol

Balears es la única comunidad autónoma con un solo impuesto propio, el canon de saneamiento de agua, ya que el impuesto sobre los premios del bingo está a tipo cero. El ejecutivo balear descarta de momento la creación de nuevos tributos y se conforma con una recaudación de 52,3 millones de euros en impuestos autonómicos, un 2,1% del total ingresado en las Islas. La reforma fiscal que presenta hoy el Gobierno no afectará directamente a los impuestos propios, aunque sí modificará los tramos del IRPF y todo apunta a que relajará la carga fiscal de los ciudadanos de Balears.

El peso de los impuestos propios en la recaudación total de las comunidades varía sustancialmente entre regiones, como se puede ver en los últimos datos publicados por el Consejo General de Economistas. La recaudación alcanzó en Canarias los 302.419.000 euros en 2011, el 12,8% de los ingresos totales de la Comunidad. Precisamente, en el archipiélago es donde tienen mayor peso los impuestos autonómicos. La razón es que las Islas gozan de un régimen fiscal especial, que provoca que el impuesto sobre combustibles derivados del petróleo y el que grava las labores del tabaco sean considerados propios. La segunda comunidad con mayor peso de los impuestos propios respecto al total de los ingresos es Extremadura (4,3%), seguida de Asturias (2,9%), la Comunitat Valenciana (2,2%) y Catalunya y Balears (2,1%).

RECAUDACIÓN PROPIA. Por cantidades, Catalunya es la comunidad que más ingresos percibe por impuestos propios (365,7 millones de euros), y aporta un 28% de todo el dinero que se recauda en el estado con tributos autonómicos. La segunda es Canarias (302,4 millones), seguida de la Comunitat Valenciana (200 millones), Extremadura (74,6 millones), Galicia (69,8 millones) y Balears (52,3 millones). En cambio, regiones como La Rioja (8,5 millones de euros, que suponen el 0,7% de todos los ingresos del estado) o Cantabria (18,9 millones, que suman el 1,4%) recaudan por impuestos propios cantidades prácticamente insignificantes.

Los impuestos autonómicos que han implantado las comunidades son heterogéneos y diversos aunque, en general, los que tienen mayor implantación son los de carácter medioambiental. Estos tributos gravan el consumo de agua, la emisión de gases a la atmósfera o los vertidos a las aguas litorales, entre otros. Andalucía destaca por su gran cantidad de tributos verdes. Tiene en vigor un impuesto sobre tierras infrautilizadas, el impuesto sobre depósito de residuos peligrosos, el impuesto sobre emisión de gases a la atmósfera, el impuesto sobre vertidos a las aguas litorales, el impuesto sobre bolsas de plástico de un solo uso y el canon de mejora de infraestructuras hidráulicas de depuración de interés de la comunidad autónoma.

Balears es la comunidad con menos impuestos propios, puesto que solo tiene dos: el canon de saneamiento y el impuesto sobre los premios del juego del bingo, que no comporta recaudación puesto que tiene un tipo cero desde la entrada en vigor de la ley de Medidas Tributarias del año 2000. El canon de saneamiento de aguas es un impuesto por tramos según el consumo.

INSEGURIDAD JURÍDICA. El panorama tributario en cuanto a tributos propios es complejo y en constante movimiento. Las comunidades autónomas tienen la potestad normativa para establecer sus propios impuestos, sin embargo en la práctica se encuentran con importantes limitaciones exante y expost que crean inseguridad jurídica.

Por ejemplo, no pueden establecer tributos sobre hechos ya gravados por los ayuntamientos y tampoco pueden gravar negocios, actos o hechos que se produzcan en otra comunidad. Además, los impuestos creados por las comunidades no pueden ser un obstáculo para la libre circulación de personas, mercancías o servicios. Finalmente, es destacable que no se pueden establecer impuestos sobre hechos imponibles ya gravados por el estado. Los proyectos de ley de creación de tributos propios son abundantes, pero en muchas ocasiones quedan en nada o el Tribunal Constitucional los anula.

En el caso contrario de que el estado cree un impuesto que recayera sobre un hecho imponible ya gravado por las autonomías, tiene que compensarlas. En este sentido, Catalunya protagonizó un caso polémico y muy sonado sobre depósitos bancarios. En diciembre de 2012, el estado creó el impuesto sobre los depósitos en las entidades de crédito para asegurar de esta forma un tratamiento fiscal igual en todas las comunidades autónomas. El tipo impositivo establecido era del 0%, por lo que no se recaudaba nada. La normativa fijaba que las comunidades que tuvieran el impuesto en vigor el primero de diciembre de 2012 tenían que ser compensadas. Catalunya aprobó el impuesto por decreto ley para que estuviera en vigor antes que el estado creara el tributo.

El Govern de José Ramón Bauzá y su vicepresidente hasta mayo del año pasado, Josep Ignasi Aguiló, llegaron a anunciar la implantación de tres impuestos medioambientales que formaban parte de un proyecto de ley de medidas tributarias para la sostenibilidad financiera de Balears. El propósito era aumentar los ingresos de la comunidad mediante tres impuestos que gravaban las grandes superficies comerciales, los coches de alquiler y los envases de bebidas no retornables. No obstante, el Ejecutivo rectificó y decidió no implantarlos poco después de la destitución de Aguiló, el mismo que los había impulsado. Renunció así a una recaudación prevista de 58,5 millones.