El audiovisual se ha visto en Balears como un sector emergente: no contaminante, con un componente tecnológico y de innovación, con valor cultural y capacidad de generación de puestos de trabajo de una elevada capacitación. Sin embargo, para que el sector audiovisual despliegue su potencial estratégico se debería poner en marcha una política regional de audiovisuales. Una política no solo centrada en canal autonómico, ni siquiera en la industria “tradicional” de creación, edición y distribución de contenidos, sino también en la “nueva” industria audiovisual que está surgiendo alrededor de las nuevas tendencias tecnológicas y sociales, bajo plataformas que ofrecen videojuegos y contenidos interactivos.

¿Tiene la industria audiovisual balear, considerada “tradicional”, que originariamente se ha dedicado a la creación de productos netamente audiovisuales, capacidad de rediseñar sus contenidos para adaptarlos a estas nuevas plataformas de explotación? Es más, ¿la entrada de empresas tecnológicas como compañías desarrolladoras de software, distribuidoras e implementadoras, pueden contribuir a que la industria audiovisual balear sea más competitiva? En la misma línea, ¿el alto grado de atomización empresarial que deriva de la proliferación de nuevas compañías que han visto una oportunidad en la perspectiva digital está limitando o impulsando el potencial del sector audiovisual balear?

Y en este contexto, ¿cuál debe ser el rol de la televisión autonómica pública? ¿Tiene capacidad para actuar como tractor de la industria audiovisual regional, de la “tradicional” pero también de la “nueva”? La evidencia hasta la fecha sugiere que no. Tal vez porque hasta ahora se ha ceñido estrictamente a su rol televisivo y no ha ido, no ha sabido o no ha podido, más allá. Algunos apelarán a la insuficiencia de recursos humanos y financieros; otros a la falta de visión y voluntad política. Sea como sea, no deberíamos obviar que en la determinación del rol de tractor de la televisión autonómica aparecen de forma clara tres grandes fortalezas: el conocimiento del entorno audiovisual, la imbricación con el tejido empresarial y su condición de servicio público y, por ende, el volumen de recursos con el que se financia.

En este contexto, el replanteamiento de la televisión autonómica como un servicio público que puede y debe colaborar en la generación de valor añadido resulta fundamental ante un sector que parece haber tocado techo en Balears. Además, ello contribuiría a legitimar su propia existencia y extender su influencia. La crisis actual debería ser usada como palanca para dar un salto desde el sector estrictamente televisivo aprovechando la transversalidad social del audiovisual. Ámbitos como la salud, la educación, el bienestar social o el turismo precisan claramente del know-how y de las habilidades propias del audiovisual. Es, además de una oportunidad de negocio, una oportunidad de influencia cultural y de aportación a la sociedad. El arraigo es un elemento clave de esta implicación y un elemento de cohesión del tejido social, especialmente entre islas y entre municipios de dimensiones más reducidas.

Es necesario pues que la televisión autonómica redefina su rol en el contexto digital y asuma como propias funciones de servicio público relacionadas con otros ámbitos más allá del audiovisual: en la era digital no puede continuarse con un modelo propio de la era analógica. El modelo de servicio público sigue siendo válido, pero está en continua redefinición. Y las dimensiones y el alcance más limitado de una televisión autonómica no la hacen ajena a esta redefinición.