Coincido con el de Tarragona; y en vista de lo poco, o nada, que finalmente ha ofrecido el Partido Popular a los de Puigdemont y a los Junqueras, soy de la opinión que lo que pagará el voluble líder español será un incremento de la financiación autonómica y una amnistía en forma de indulto prejudicial. La Constitución hace tiempo que dejó de ser un dique de contención para el ejecutivo.
Ahora bien, siguiendo este razonamiento sostengo que Sánchez no tiene ninguna necesidad de ofrecer, ni un referéndum -aunque quizás prefiera mantenerse en la ambigüedad sobre este tema-, ni ninguna otra prebenda.
Con la mayoría de autonomías en manos del PP y Vox, la nueva financiación probablemente quedará escorada en favor de quienes le voten. Pero ninguna comunidad otra aceptará quedarse atrás. Por eso, en cualquier caso, el renovado gobierno populista va a necesitar mucho, mucho más dinero. De esta forma, y en un contexto de retorno europeo a las reglas fiscales, la única salida será el incremento de la presión tributaria. Nada nuevo, a más financiación autonómica, mayor presión tributaria.
Es más, cada uno de los grupos que conforman la base de la nueva probable mayoría multicolor exigirá su alícuota parte del pastel, en función del poder de negociación que pueden blandir. Pues, hoy por hoy, el acceso a los despachos y estancias de la Moncloa se concibe como la llave del botín a repartir.
Ciertamente, Sumar puede exigir un precio más bajo que otros, tal como hemos visto. Un beso y mucho humo presupuestario-progresista, aunque genere inseguridad jurídica y merme el crecimiento. Bildu, inicialmente está interesado, sobre todo, en que se promueva su dañino «relato» y, tal vez, un Lehendakaritza económicamente ampliada. El PNV, por su parte, es el gran maestro de la política extractiva, así que, me inclino a pensar que finalmente también serán, una vez más, uno de los grandes ganadores.
¿Entonces quien pierde? Pues usted y yo, amable lector. La subida tributaria que se avecina, unida a las menores posibilidades de crecimiento económico, supondrá otro descenso del poder adquisitivo para el conjunto de la ciudadanía. Y aunque algunas autonomías díscolas puedan esforzase en intentar aliviar la situación, la ola tributaria antiliberal que se está conformando tendrá unas dimensiones, en términos de poder, mucho mayores.
Por eso le propongo, sufrido contribuyente, que cada vez que oiga las dos palabras «financiación autonómica» o «gobierno progresista» nos llevemos la mano al bolsillo. Por supuesto no nos servirá de nada, pero al menos sentiremos que no nos dejamos engañar.
