La Comisión Europea propuso ayer un paquete legislativo para ampliar la vigilancia sobre las políticas fiscales, macroeconómicas y las reformas estructurales de los estados miembros, que amplía el abanico de sanciones para los países derrochadores pero también para los poco competitivos. Las sanciones serían de hasta el 0,2% del producto interior bruto (que en el caso de España supondrían 2.000 millones de euros) para los países de la eurozona con déficit o desequilibrios excesivos, como burbujas inmobiliarias, y del 0,1% del PIB para el que ignore las recomendaciones destinadas a corregir sus desequilibrios macroeconómicos.
Los castigos, abanderados por Alemania, serán semiautomáticos y se activarán en una fase temprana del procedimiento para evitar nuevas crisis de deuda como las que han afectado a Grecia, España, Portugal e Irlanda.
El comisario de Asuntos Económicos, Olli Rehn, espera que las nuevas sanciones puedan aplicarse ya a partir del verano de 2011. Otras fuentes explican que lo más probable es que no entren en vigor hasta 2012 y que no tengan carácter retroactivo para los países que están ya expedientados por déficit excesivo, entre los que se encuentra España.
Intereses
Las sanciones se activarán incluso antes de que se supere el umbral del 3% de déficit público previsto en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. De hecho, si un país no realiza los ajustes necesarios para acercarse al equilibrio presupuestario, Bruselas le obligará a bloquear un depósito generador de intereses del 0,2% de su PIB. Cuando se sobrepase el 3% de déficit, se retendrán los intereses, y el depósito se transformará en una multa si el Gobierno afectado no ha tomado las medidas exigidas para corregir el déficit.
La vicepresidenta del Gobierno y ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, rechazó el lunes que se impongan sanciones a los países que pierden competitividad por considerar que ello no depende directamente de la acción del Gobierno, pero el resto de países de la eurozona está de acuerdo.
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