El Gobierno sirio aprobó ayer una legislación encaminada a la derogación de la Ley de Emergencia, en vigor desde 1963, coincidiendo con una escalada de la violencia en la ciudad de Homs, donde se registraron treinta muertos en las últimas horas.
«El Consejo de Ministros ha aprobado un proyecto de un decreto legislativo que estipula el fin del estado de emergencia en el país», anunció la televisión estatal siria. Además, el Gobierno afirmó también que había dado luz verde a un proyecto de ley que «regula el derecho de los ciudadanos a manifestarse pacíficamente, medidas para autorizarlo y mecanismos para proteger a los manifestantes».
El anuncio del Gobierno fue recibido con una manifestación a favor de la democracia en la ciudad de Banias, en la costa mediterránea, según informaron defensores de los Derechos Humanos. «Ni salafista, ni Hermanos Musulmanes. Somos buscadores de la libertad», corearon los cientos de personas que se echaron a las calles de la ciudad.
Acusaciones
Sus cánticos hacen referencia a las acusaciones por parte del Gobierno de que grupos armados islamistas están operando en Banias y «difundiendo el terror» en todo el país, que vive las peores protestas contra el presidente, Bashar al Assad, desde que éste llegó al poder, hace once años.
En un comunicado de la agencia oficial SANA, el Ministerio del Interior denunció que los asesinatos de miembros de las fuerzas de seguridad ocurridos en distintos puntos del país, así como los disparos indiscriminados con el fin de aterrorizar a los ciudadanos y los cortes de carreteras, son «una rebelión armada llevada a cabo por grupos de obediencia salafista, sobre todo Homs y Banias». El objetivo sería, según el Gobierno, «crear emiratos salafistas».
Según el Ministerio, «lo cometido por estos grupos armados constituye un crimen odioso, punible por la ley con los castigos más severos» y que busca «provocar el sabotaje, la matanza, el caos y el terror entre la población, explotando el proceso de libertad y reformas» anunciado por el presidente.