En un decreto publicado ayer, Mursi autoriza al Ejército a detener civiles y ponerlos a disposición judicial, así como establece la coordinación entre militares y policías para velar por la seguridad en el país hasta que se anuncie el resultado del referendo. Esta nueva votación está marcada por una alta dosis de polarización política e inestabilidad social, con un amplio rechazo al referendo por parte de manifestantes y fuerzas opositoras, que critican que la Carta Magna haya sido redactada por una asamblea de mayoría islamista y alejada del consenso.
Otro de los obstáculos para la organización de este plebiscito está siendo su supervisión, con sectores de la magistratura enfrentados a Mursi, después de que este blindase sus poderes ante la Justicia con una declaración que finalmente anuló.
Supervisión judicial
Con la condición de que cesen las protestas junto al Tribunal Supremo Constitucional y este pueda volver al trabajo sin presiones, el Club de Jueces del Consejo de Estado egipcio -órgano encargado de gestionar la Justicia administrativa- se mostró ayer dispuesto a supervisar el referéndum.
Mientras siguen las protestas contra Mursi en la plaza Tahrir, algunos opositores ya han comenzado a pedir el 'no' a la Constitución, aunque el influyente Frente de Salvación Nacional -que agrupa a importantes dirigentes- todavía no se ha pronunciado al respecto.
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