En este pacto también se recoge que «el consumo de drogas debe ser asumido como un problema de salud pública» y se establece como compromiso del Gobierno de «liderar un proceso nacional eficaz para romper de manera definitiva cualquier tipo de relación de este flagelo con los diferentes ámbitos de la vida pública», incluyendo la puesta en marcha de políticas y programas en esta dirección.
Menos obstáculos
Iván Márquez, el jefe negociador de las FARC en La Habana, ha sido uno de los primeros en referirse a este acuerdo sobre narcocultivos, afirmando que «acorta distancia hacia la paz». En este sentido, aunque señala que quedaron algunos puntos pendientes, añade que «estos no pueden ser un obstáculo para la firma de un acuerdo de paz que debe ser refrendado por una constituyente».
Por su parte, el jefe del equipo negociador del Gobierno, Humberto de la Calle, ha explicado que el objetivo final es liberar a Colombia de los cultivos ilícitos y de siembra de coca y que lo acordado en las conversaciones de La Habana «se relaciona con lo pactado en el primer punto sobre la reforma rural integral».
El Gobierno, tras la firma del acuerdo de paz, pondrá en marcha un programa de limpieza de minas, lo que obliga a la guerrilla al suministro de información sobre la ubicación de estos artefactos, de acuerdo con la información de la emisora colombiana Caracol Radio, que añade que el Ejecutivo reforzará la lucha contra el narcotráfico con la creación de nuevas instituciones.
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