Más de medio millar de funcionarios salieron a la calle tras conocer las medidas de Zapatero. | Joan Torres

Los funcionarios y los empleados públicos de las tres administraciones en Balears, unas 60.000 personas según los sindicatos, están convocados mañana a secundar una huelga de 24 horas en el sector público, en protesta contra el recorte salarial medio del 5% que decretado por el Gobierno.

El Govern ha anunciado que a las 12.00 horas la consellera de Innovación, Interior y Justicia, Pilar Costa realizará una primera valoración sobre la huelga, que se ampliará con nuevos datos e incidencias a las 15.00 horas y de nuevo a las 18.00 horas.

El acto central de la jornada será la manifestación de Palma convocada por los sindicatos UGT, CCOO y CSIF que saldrá de la Plaza de España a las 19.00 horas recorrerá la calle de Sant Miquel, Plaza Mayor, Colom, Plaza de Cort, Palau Reial y Conqueridor, y finalizará en la Plaza de la Reina, con el lema «No a los recortes salariales y sociales».

Se han sumado a la huelga los sindicatos policiales y los de personal docente no universitario de Baleares STEI-i, FETE-UGT, FE-CCOO y ANPE.

El ejecutivo autonómico fijó el viernes los servicios mínimos con los que se garantiza la apertura de los centros educativos, las prestaciones sanitarias urgentes y los servicios de transporte y mañana irá informado sobre el seguimiento de la huelga en la Administración regional.

El decreto de servicios mínimos establece que todos los centros de educación no universitaria tienen que permanecer abiertos y atendidos por el equipo directivo, además de ofrecer comida a los niños en el caso de las escuelas infantiles, puesto que se deben garantizar los derechos a la educación de los escolares y al trabajo de los profesores que no secunden el paro.

Los servicios sanitarios de emergencias y las urgencias de atención primaria y hospitalarias también se consideran esenciales, mientras que las áreas de atención especializada deberán contar con el mismo personal del que disponen en cualquier domingo o festivo.

Los registros, centralitas telefónicas, departamentos de recursos humanos, y servicios de seguridad, mantenimiento y comunicación de las conselleries del Govern y las entidades autónomas tendrán que disponer de una dotación mínima de personal.

El decreto del Ejecutivo también establece servicios mínimos en geriátricos, centros de día y centros de intervención social para «garantizar el mantenimiento de curas personales» y el «suministro de alimentos y medicación» para los usuarios dependientes, que tendrán que tener asegurado el transporte.

El Govern ha decretado que el tren que une Palma con Inca, Manacor y Sa Pobla realice 31 trayectos en cada sentido, lo cual representa poco menos de dos tercios de las frecuencias de un día laborable cualquiera. Unos servicios mínimos similares se han fijado para el metro entre Palma y la Universidad.

La regulación también obliga a que en IB3 trabaje el personal necesario para la realización «normal» de los servicios informativos. IB3 ha informado en un comunicado de que no hay ninguna huelga convocada por los trabajadores del ente, IB3 Televisión y IB3 Radio, ni de las empresas concesionarias de servicios.

Palma

EL Ajuntament de Palma ha decretado hoy los servicios mínimos para mañana, día de huelga de funcionarios, en los que garantiza el servicio del 58% de los autobuses de la EMT y la apertura de todas las escoletas.

La Empresa Municipal de Transportes (EMT) ha establecido como servicios mínimos 95 autobuses de los 163 que conforman la flota de autobuses urbanos.

Cort ha decretado también servicios mínimos en las distintas áreas municipales para garantizar la atención a los ciudadanos y ciudadanas en la jornada de huelga convocada para mañana, de tal forma de que abrirán al público todos los departamentos.

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Asimismo, el consistorio ha garantizado la apertura de todas escoletas municipales, donde trabajarán sus directores durante toda la jornada, un trabajador docente de 7:30 a 9:00 horas y durante el resto del día los servicios mínimos se garantizarán con el 25 por ciento de la plantilla, además de un trabajador de cocina y un auxiliar de hostelería.

En cuanto a Emaya, CC.OO comunicó esta mañana su adhesión a la huelga, aunque todos los servicios de Emaya programados quedarán cubiertos, según el consistorio.

Primera huelga de funcionarios desde 1988

La huelga de funcionarios de mañana será el quinto paro en el sector público desde 1988. La reducción de un 5 por ciento de media de los salarios de los funcionarios a partir de junio de este año y su congelación en 2011 fue presentada por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en el Congreso de los Diputados y forma parte de un nuevo paquete de nueve medidas de ajuste presupuestario del Ejecutivo para reducir el déficit.

De los algo más de tres millones de empleados del sector público que podrían verse afectados por la medida, 526.000 pertenecen a la Administración central, 1.674.000 a la autonómica y 663.000 a la local, según datos del Instituto Nacional de Estadística.

1988

Aunque en la Administración ha habido numerosas manifestaciones y paros sectoriales, los primeros antecedentes sobre huelgas en todo el sector público se remontan a los paros parciales de dos horas llevados a cabo el 24 de noviembre de 1988 en la Administración central para protestar contra la política social del Ejecutivo.

Aquellas movilizaciones desembocaron más tarde en la huelga general del 14 de diciembre de ese mismo año, la primera contra un gobierno socialista.

1992

Los siguientes paros se produjeron los días 26 de noviembre y 15 de diciembre de 1992, cuando los sindicatos UGT, CCOO y CSIF convocaron dos jornadas de huelga de 24 horas en las administraciones central, autonómica y local.

En esa ocasión las protestas eran contra la congelación salarial de los funcionarios para 1993, la suspensión de la cláusula de revisión y de la oferta de empleo público.

1996

El 11 de diciembre de 1996 se produjo la primera gran movilización contra el Gobierno del Partido Popular tras su llegada al poder en mayo de ese año.

La jornada de paro, en protesta por la congelación salarial aprobada para 1997, culminó en Madrid con una numerosa manifestación precedida por una pancarta en la que se podía leer «Hay cosas que son de todos. Defiende lo público», y coreando canciones en las que se acusaba al Gobierno de «manipular» la información.También se instaba al Ejecutivo a negociar las retribuciones de este colectivo y se le acusaba de vulnerar los acuerdos firmados en 1994 con el Gabinete socialista.

El paro de 24 horas fue seguido por el 81,3 por ciento, según los sindicatos convocantes, mientras que el entonces ministro de Administraciones Públicas, Mariano Rajoy, cifró la participación en el 18,67 por ciento.