El recurso contencioso-electoral de la Abogacía, al que hoy se sumará el de la Fiscalía General del Estado, sostiene que la coalición -integrada por Eusko Alkartasuna (EA), Alternatiba e independientes- es el vehículo formal de la izquierda abertzale ilegalizada para estar en los comicios del 22-M y, por tanto, una sucesión del «complejo ETA-Batasuna».
En esa estrategia, los servicios jurídicos del Estado creen que la política de EA y de Alternatiba ha permitido propiciar «una alianza para la implementación electoral que sirviera de vehículo para facilitar la presencia de la izquierda abertzale ilegalizada en las instituciones», aunque entiende que esa colaboración «no alcanza la intensidad necesaria» para afectar a la legalidad de esos partidos.
Un plan de ETA
Tras analizar los informes policiales, las declaraciones de los dirigentes de la coalición, las conversaciones intervenidas y los documentos de ETA, la Abogacía del Estado cree probado que detrás de Bildu está el plan de la organización terrorista gestado desde 2008 de «acumular fuerzas» y buscar la alianza con EA para «cubrir el espacio electoral perdido». Los servicios jurídicos del Estado consideran que Bildu está «gestionada, dirigida, articulada y coordinada» en sus aspectos fundamentales por la izquierda abertzale ilegalizada.
Si Bildu era el «plan B» de ETA, según la Abogacía, existiría también «un plan C residual» en municipios o concejos pequeños donde no ha habido acuerdo entre los integrantes de la coalición y Batasuna y se han presentado candidaturas autónomas, de las que 16 también han sido impugnadas.
Entre las pruebas que presenta el abogado del Estado en su recurso destacan los acuerdos electorales (Herri Akordioak) que, a su juicio, demuestran que Bildu se diseña y ejecuta desde el mundo de Batasuna y que en las listas electorales se atribuyen los puestos en función de los votos que obtuvo ANV en 2007.
En cuanto al debate político, el ministro de la Presidencia, Ramón Jáuregui, rechazó ayer que la decisión de la Abogacía del Estado y de la Fiscalía de recurrir las candidaturas de Bildu no se debe a un acuerdo con el PP, como aseguró este partido, sino a los fundamentos que ofrece la ley para proceder a su impugnación. Y es que la secretaria general del PP, María Dolores De Cospedal, había afirmad horas antes que ha sido la «la insistencia hasta la saciedad» de su partido lo que ha llevado a impugnar las listas de Bildu.
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