Giro radical del Gobierno al modelo penal contra la 'pena del telediario'

Una reforma que han recibido con satisfacción en la carrera fiscal, pero que ha sido criticada por las asociaciones de jueces, que hasta ahora se encargaban de dirigir instrucción penal.

No es una ley con menos juez, sino todo lo contrario, «con más juez», señaló el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, tras el Consejo de Ministros que dio el visto bueno a los dos anteproyectos de ley que modifican la LECrim.

«Garantes»

Caamaño defiende que aunque la reforma deja la investigación en manos del fiscal, también refuerza la posición de los jueces como «garantes» de un proceso en el que velaran por los derechos y garantías de los «investigados» -término que sustituirá a la figura actual del imputado- y de las víctimas.

Se establece para ello un modelo con un juez de garantías, otro de control en la audiencia preliminar y un tercero que será el que juzgará en el juicio.

Otro de los objetivos de la «ambiciosa» reforma de la LECrim, que data de 1882, es reforzar la presunción de inocencia y para ello se adoptan medidas que limitan la publicidad de las actuaciones con el fin de evitar los juicios paralelos y penas mediáticas.

Así, los fiscales que podrán poner fin a un procedimiento si no se acreditan indicios de delito y serán los encargados de dirigir las labores de investigación de la policía judicial, también se ocuparán de informar a los medios de comunicación sobre el proceso, pero no se facilitará la identidad o imagen de los investigados en la fase de instrucción.

El Gobierno introduce también limitaciones en el ejercicio de la acción popular, que ahora no podrá actuar si el fiscal o la víctima piden el archivo del caso, ni podrán ejercerla las administraciones públicas, partidos políticos o sindicatos.