El líder del PP, Mariano Rajoy, se enfrenta mañana al debate para su investidura como presidente del Gobierno, que tendrá muchas claves y se espera que despeje algunas, pero no muchas de las incógnitas sobre su actuación futura. La revisión de las pensiones y de los sueldos de los funcionarios será una de las primeras decisiones que tendrá que abordar el Gobierno del PP, que, además de recibir en herencia una crisis económica sin parangón, deberá hacer frente a multitud de asuntos pendientes.

Por el momento, el futuro jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, ha centrado los ejes de su programa de gobierno en el desarrollo de la reforma constitucional que consagró el equilibrio presupuestario, la reforma laboral y la reestructuración final del sistema financiero, pero quedan muchas otras «patatas calientes».

Ante la falta de Presupuestos para 2012, antes de fin de año debe aprobar un decreto para, entre otras cuestiones, actualizar las pensiones y el sueldo de los funcionarios. Rajoy ha avanzado que su prioridad es mantener el poder adquisitivo de los pensionistas y no ha aclarado sus intenciones para los trabajadores de la administración, aunque ha advertido de que será imposible que sus salarios se recuperen por el momento del recorte del 5 por ciento que han sufrido.

Las tarifas

Para que entren en vigor el 1 de enero, hay que revisar también las tarifas de la electricidad, el gas natural, Renfe y el transporte de viajeros por carretera. El objetivo de Rajoy es aprobar en marzo unos nuevos presupuestos que recogerían los ajustes necesarios para cerrar 2012 con el déficit comprometido del 4,4% del PIB. Se desvelará para entonces si, por ejemplo, subirá el IVA.

Además, el nuevo Gobierno deberá gestionar el fin de la violencia terrorista después de que ETA anunciara el cese definitivo de su actividad armada. Quedan así en manos de Rajoy, por ejemplo, eventuales cambios en la política penitenciaria, como el reagrupamiento de los presos etarras en las cárceles vascas.

La mayoría absoluta del PP podría agilizar también la estancada renovación de numerosos órganos e instituciones, bloqueada meses y hasta años por la falta de acuerdo entre los dos principales partidos.