Estas grabaciones se refieren a la jornada del pasado 20 de septiembre, cuando se produjo el asedio a la Consejería de Economía durante un registro ordenado por el juez que investigaba la organización del referéndum ilegal, y también a otras jornadas en las que se produjeron cortes en carreteras y concentraciones frente a lugares donde se hospedaban agentes del instituto armado.
Reconoce Llarena a los alemanes que esta intensidad de la violencia de los protagonistas del 'procés' "es verdad que no se detalla en el Auto de Procesamiento de 21 de marzo de 2018, si bien a continuación añade que dicha ausencia "es debida a que esta particularidad no se exige con esa rotundidad en el ordenamiento jurídico español".
El escrito, de 17 páginas, destina un total de siete de ellas a acreditar la situación de violencia generada, y para ello parte de un relato que describe una situación muy anterior a los hechos del pasado otoño en Catalunya.
"Desde hace años, los nacionalistas han venido impulsando manifestaciones que han agrupado hasta 1.000.000 de personas --dice Llarena a los alemanes--. Cierto es que no han tenido carácter violento, pero han sido un alarde de que contaban con el apoyo de una parte importante y significativa de los habitantes de Catalunya", comienza a relatar Llarena.
Añade que "esta capacidad de movilización aparece como un condicionamiento al Gobierno, y que "las movilizaciones multitudinarias son notoriamente expresivas de la transcendencia que podía llegar a tener un alzamiento popular masivo." El magistrado incardina este relato en un escrito complementario a la tramitación de la euroorden (OEDE) dirigida a Puigdemont cuyo objetivo es recordar a las autoridades germanas que los delitos de rebelión y malversación no son los únicos por los que puede ser juzgado en nuestro país, ya que las conductas que se le atribuyen también podrían ser objeto de petición de condenas por otros tipos penales como la sedición o la desobediencia. Añade que también se aceptaría la entrega para juzgarle por estos otros tipos penales
"Confiamos que autoricen la extradición del procesado Puigdemont por los hechos que han sido inicialmente calificados por la autoridad judicial de emisión como delito de rebelión", dice Llarena, si bien añade que "con independencia de cuál sea el delito que constituyan estos hechos en Alemania o cual sea la gravedad de la calificación conforme a su ordenamiento jurídico, estamos convencidos de los hechos que se relatan en la OEDE "son constitutivos de algún tipo de infracción penal en Alemania".
BARRICADAS DE FUEGO ENTRE LOS 300 ACTOS VIOLENTOS
Una concepción amplia de violencia, añade Llarena, que incluya la coacción "como parece que ocurre en Alemania, según el juez, le permitiría aportar "más de 300 incidentes de movilizaciones públicas que se desarrollaron esos días" en Catalunya.
Entre estos hechos violentos, el juez detalla que en los últimos días de septiembre y primeros días de octubre del año 2017, hubo escraches a la policía estatal, se sitiaron los edificios institucionales del Estado sitos en Catalunya, se amenazó a empresarios que tenían contratos de alojamiento o de suministro con la policía estatal, y se cortaron carreteras y calles con centenares de tractores o con barricadas de fuego".
El relato de Llarena --en todo momento bajo el epígrafe Violencia-- continúa con el de la aprobación en el Parlament de Catalunya de las leyes de desconexión y las sucesivas desobediencias a las suspensiones acordadas por el Tribunal Constitucional --un total de 13 en los últimos años-- y en este punto apunta que los miembros del Govern de Puigdemont "desbordaron sin ningún pudor ni recato, la contención que sólo podía aportar el Tribunal Constitucional de un país".
TRASCENDENCIA DE LOS MOSSOS
Igualmente, Llarena explica a sus colegas alemanes que la Generalitat de Catalunya tiene delegadas todas las competencias de orden público en Catalunya y las ejerce de manera exclusiva mediante un cuerpo armado de 17.000 agentes de los Mossos d'Esquadra.
Por ello "el que los Mossos d'Esquadra no cumplieran las órdenes judiciales de cortar la insurrección y optaran por plegarse a las órdenes dadas por el presidente Puigdemont y su gobierno" tiene a su juicio una doble trascendencia. Por un lado "el territorio de Catalunya quedó fuera del control policial con el que habitualmente cuenta el Estado", mientras que por el otro "permitió que los procesados hicieran ver al gobierno de España que el control armado del territorio estaba en manos de los insurrectos".
"La insurrección respecto del orden constitucional fue de tal envergadura", añade, que motivó que "la habitual programación televisiva y de radio de todos los medios de comunicación del país, tuvo que verse alterada porque el Rey, como jefe del Estado, dirigió un mensaje a la Nación. También aporta como dato la aplicación del artículo 155 de la Constitución.
Finalmente, apunta que "la incertidumbre jurídica en Catalunya, la movilización en las calles, los cortes de las vías de comunicación y el fuerte condicionamiento de la vida social y económica, supuso una retirada de fondos de los grandes bancos con sede en Catalunya (CaixaBank y Banco Sabadell), que se ha cifrado en medios financieros en 9.000 millones de euros durante la semana siguiente al referéndum."
PRESIDENTE DE UN LAND
Por ello, apunta a que el "quebranto del ordenamiento jurídico" no sólo ha impulsado que cerca de 3.000 empresas -con un volumen de facturación de 44.000 millones de euros- , hayan cambiado su domicilio a lugares fuera de Catalunya, sino que el gobierno hubiera de salir al paso de una peligrosa retirada masiva de fondos de las entidades financieras domiciliadas en dicha comunidad.
Concluye por todo ello que "no resultaría entendible que el presidente de un Land alemán pueda impulsar una actuación como la que hemos descrito y que esa actuación no suponga un quebranto del orden penal alemán si se cuida que todo se ejecute con capital privado".
Sin comentarios
Para comentar es necesario estar registrado en Periódico de Ibiza y Formentera
De momento no hay comentarios.