La mejora de la situación económica en Balears ha propiciado un importante aumento en el número de cotizantes a la Seguridad Social, circunstancia que supone que, en la actualidad, haya 3,55 trabajadores por cada pensionista. El ratio supone, sin duda, un alivio respecto a los últimos años, pero el problema es de largo recorrido ya que el fondo de las pensiones es una caja común para todo el Estado, de la que el Gobierno tiene que ir retirando partidas cada vez más importantes para poder hacer frente al creciente número de pensionistas que se acumulan. La pirámide poblacional es incontestable en sus efectos, y el aplazamiento en la edad de jubilación quizá palíe en algo el problema; pero no lo resuelve.

La temporalidad balear. Balears registra una de las pensiones más bajas del conjunto de España, debido, en buena medida, a una estructura económica -el turismo- marcado por la temporalidad, el cómputo de la cotización es inferior, y una tablas salariales bajas. La suma de ambos factores explica una situación que padecen miles de pensionistas, los cuales tienen que subsistir en una de las comunidades más caras del país. El contrasentido se agrava con la nula revalorización de las pensiones y castigos añadidos como el copago en los medicamentos. La queja de la Plataforma d’Associacions de Pensionistes i Jubilats está más que justificada.

Soluciones globales. El futuro de las pensiones no puede quedar supeditado a las oscilaciones de la economía, los fondos de reserva se ven mermados para hacer frente a demandas coyunturales sin apenas garantías de su reposición. De manera irresponsable, el colectivo de jubilados sigue siendo la diana de promesas con fines electoralistas; una tentación de la que no se libra ninguna formación política. Es preciso generar un marco estable que garantice las prestaciones por jubilación y que éstas, además, permitan una vida cuando salgan del mercado laboral. De momento se mantienen las dudas, y eso siempre inquieta.