Editorial22/02/16 0:00
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El Govern ha decidido ampliar, todavía más, el catálogo de plazas de libre designación en la plantilla de trabajadores públicos. La medida supone una grave incoherencia con el acuerdo parlamentario aprobado en sentido contrario el pasado mes de octubre, además de evidenciar una voluntad de adjudicación ‘a la carta’ de cargos; medida que incrementa la sensación de una politización innecesaria, y perjudicial, de la función pública. En la actual relación de puestos de trabajo del personal de servicios generales de la Comunitat Autònoma se relacionan 416 plazas de libre designación, una cifra que se antoja excesiva y de confusa justificación.

Estabilizar las plantillas. Sorprende que sea el propio Govern el que en apenas unos meses contravenga lo dispuesto por una moción aprobada en el Parlament, a iniciativa de grupo de Podemos, para que se limitasen las plazas de libre designación. Aunque la cifra puede considerarse poco significativa, el aumento es de once plazas en términos absolutos, el gesto resulta significativo. El objetivo de éste, y de cualquier Govern, debería ser estabilizar las plantillas de funcionarios, muy afectadas por la libre designación en los departamentos vinculados con Educació y Salut, especialmente. La correlación política que se da en estos casos en nada beneficia a la calidad del servicio que reciben los ciudadanos y pone en entredicho la transparencia que se quiere imponer en la Administración pública.

Sentencias desfavorables. El uso, y en especial el abuso, de la libre designación de determinados cargos en la organización de la Administración autonómica puede acarrear serios problemas en el futuro. Son ya varias las sentencias que obligan al pago de importantes indemnizaciones a funcionarios que alegan cambios por razones políticas, una movilidad de la que, hay que insistir, en poco o nada debería estar relacionada con las afinidades políticas. Es preciso acabar con esta dinámica de prebendas e imponer los criterios de profesionalidad en el desempeño de las responsabilidades de los funcionarios. Pero lo que tampoco se puede permitir es seguir engordando la administración de personal porque, al final, esos sueldos los pagamos entre todos. Además, más personal tampoco significa que la administración funcione mejor. Es conveniente racionalizar el gasto y, sobre todo, evitar nombramientos que a los ojos de los ciudadanos pueden resultar muy poco transparentes.