Desde hace ya algo más de un mes el Parlament inició la comisión de investigación de las mal llamadas autovías de Ibiza sin que se haya avanzado lo más mínimo en difundir información valiosa que determine o confirme que pudiese haber irregularidades en el proceso. La comisión, por el contrario, se ha convertido más en un escenario donde lo que prima, parece, es crear un show mediático para beneficio de algunas formaciones políticas. Porque a día de hoy aún se desconoce el motivo del sobrecoste y tampoco se tiene demasiada información sobre la gestión que se hizo en la etapa de Carbonero. La información que aparece en la comisión no aporta ninguna novedad y parece que solo hay interés en que desfilen determinados expolíticos y empresarios para colmar la sed de venganza de algunos partidos políticos.

Información. No parece que el objetivo final de los diputados que forman parte de la comisión de investigación de las autovías sea profundizar en algunos aspectos que quedaron muy difuminados cuando se construyeron las autovías. El interrogatorio que le hizo el podemita Aitor Morrás a la exconsellera Mabel Cabrer es un ejemplo de lo que se busca: convertir la comisión en un juicio en el que el ‘juzgado’ ni siquiera pueda defenderse. Tampoco aportó nada Matas, más allá de defender la necesidad de las autovías para resolver el caos de las carreteras ibicencas. Y la comparencia de Matutes sirvió para que el empresario reivindicase una solución a las tierras que depositaron en sus terrenos. La justicia le ha dado la razón, por muchas camisetas que se enfundasen los diputados podemitas para llamar la atención.

Innecesario. A falta de algunas semanas para que concluyen las reuniones comisión, el balance no puede ser más que negativo. No se ha aportado ninguna novedad y las comparecencias sirven para acosar a los comparecientes. Nada más. Diez años después de su puesta en marcha, no tenía mucho sentido investigar las carreteras, sobre todo cuando la Fiscalía descartó irregularidades. Aún así, la cuestión sirve de excusa para cobrarse antiguas facturas políticas. Y ese no era el objetivo.