06/03/17 4:00
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El hecho de que las sanciones económicas a las salas de juego se hayan triplicado en los últimos tres años revela que el Govern Balear está imponiendo el máximo rigor en esta actividad, especialmente delicada por su naturaleza y finalidad. A ello hay que añadir la perfecta colaboración entre la institución autonómica y la Policía Nacional. Es una unidad de acción imprescindible para que la ley se cumpla a rajatabla. De este esmerado control salen beneficiados los empresarios del sector que cumplen con la normativa ya que así pueden desarrollar su actividad desde el respeto social.

Sociedad turística. La oferta complementaria del juego es importante en una sociedad cuya principal fuente de riqueza es el turismo. Permite competir en igualdad de condiciones con otros destinos donde este tipo de servicios está muy desarrollado. Pero de la misma manera el control público ha de ser intenso, precisamente para sostener el sector dentro de un ámbito regulado. El juego es polémico, pero debe ser permitido en una sociedad libre en la que la diversión está imbricada en su tejido productivo. Ante ello, la vigilancia de las instituciones competentes ha de ser impecable, no consintiendo la más mínima irregularidad sin que sea escrupulosamente sancionada.

Fuente de ingresos. Es importante comprender que el sector del juego es también una nada despreciable fuente de ingresos para las arcas públicas. Los impuestos que aporta contribuyen al mantenimiento de importantes servicios sociales y de ayuda a los segmentos más desfavorecidos de la sociedad. Pero hay aspectos donde la Administración ha de ser inflexible a la hora de sancionar, como la ilegal admisión de menores en las salas o, también, que haya desaprensivos que organicen timbas fuera de la ley. El ámbito de potenciales infracciones es muy amplio. Pero lo que produce tranquilidad es comprobar que el Govern actúa y sanciona en colaboración con las fuerzas policiales. Es sinónimo de una sociedad sana.