La redacción de los Presupuestos autonómicos ha iniciado su andadura y entre sus formalismos previos figura el de fijar el techo de gasto, la cifra global que podrá alcanzar el documento básico de la gestión del Govern para 2018. De momento ya ha trascendido que se ha descartado la creación de un tributo específico para al alquiler de vehículos –sector al que determinados grupos ecologistas responsabilizan del colapso en las carreteras de Balears durante la temporada alta–, una figura fiscal que fue muy criticada cuando la quiso implantar el PP de José Ramón Bauzá durante la pasada legislatura y que en ésta la izquierda no quiere recuperar; entre otras razones debido a que considera que no tendría el efecto disuasorio que se persigue.

Evitar el superávit.
Resulta paradójico que el Govern tenga que ajustar al máximo sus cálculos de ingresos y gastos, más teniendo en cuenta el acordado incremento de la ecotasa. Todos aquellos ingresos que superen las previsiones deberán ser destinados a la amortización de deuda pública, por exigencia del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. La mejora de la economía balear en su conjunto supone que el desvío positivo de los ingresos de la Comunitat Autònoma será de alrededor de 200 millones de euros, cantidad que el Govern no podrá gastarse sino que deberá devolverla a los bancos para reducir su nivel de endeudamiento.

Sin autonomía financiera.
La endeblez de la conciencia autonómica del Estado español se pone de manifiesto con este tipo de corsés a las cuentas de las comunidades, circunstancia que en el caso de Balears es especialmente grave. Nuestro Govern no puede compensar la precariedad o las deficiencias estructurales de numerosos servicios públicos, castigados por el nefasto sistema de financiación autonómica vigente, una decisión que debería pertenecer a su ámbito de decisión política. En esto Madrid también decide.