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Los departamentos de Economia, Exteriors, Afers Social, Governació i Presidència de la Generalitat, por orden del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, se saldó ayer con 41 registros, en dependencias públicas y privadas, y un total de 14 detenciones de altos cargos de la Administración catalana. La operación generó una importante ola de indignación social y política dentro y fuera de Catalunya. Miles de ciudadanos salieron a la calle para manifestar su protesta por lo que consideran fue una ataque directo a la democracia y a las aspiraciones de autodeterminación por parte del Estado.

Aumento de la tensión. La detención del núcleo duro de la organización del referéndum del 1-O supone un paso más en el enfrentamiento que mantienen los gobiernos de Madrid y Barcelona, una escalada que a la vista de lo ocurrido ayer en la capital catalana obliga a un pronóstico pesimista. No se puede olvidar que la operación nace de una decisión judicial, y no del Gobierno, que sí ha utilizado otros instrumentos a su alcance, como el control de las cuentas catalanas desde ayer mismo. Convendría que este detalle lo tuviese en cuenta la presidenta Armengol a la hora de expresar su indignación por lo ocurrido.

Más que nunca soluciones políticas. Los delicadísimos momentos que vive estas semanas España requiere, sin duda, valentía y altura de miras en toda la clase política del país, tanto en Catalunya como en el resto del Estado. Es absurdo prolongar el enfrentamiento sin aportar ninguna solución al conflicto, que nace de una estructura constitucional que requiere una profunda revisión y adecuación a los momentos actuales. El choque de trenes ya no es una figura retórica, la realidad se palpa en un clima de crispación que trasciende a lo que pueda ocurrir el 1-O y que genera una enorme preocupación e incertidumbre.