Los datos que el jueves hizo público el Ministerio de Política Territorial y Función Pública reflejan las amplias diferencias salariales de los alcaldes de Baleares, unos emolumentos que es preciso fijar con criterios objetivos y coherentes.
No se trata de convertir la vida pública en un gesto altruista, imposible en ayuntamientos de envergadura cuyos ediles en el gobierno están afectados por importantes niveles de incompatibilidad y responsabilidad, incluso.
Sin embargo, la autonomía municipal no puede traducirse en la atribución de salarios de manera casi arbitraria. Esta dinámica acaba generando lógicos agravios comparativos en el conjunto de alcaldes. La situación, a la vista del informe del Ministerio, afecta al resto del Estado.
Descontrol y transparencia
Los sueldos de los responsables institucionales, en este caso los alcaldes, apenas recaban la atención informativa durante los primeros días de la legislatura. Luego, el tema rápidamente desaparece, en muchas ocasiones, con la connivencia de los grupos políticos, tanto en el gobierno como en la oposición.
Las asignaciones salariales se reparten casi a demanda, de manera aleatoria, siguiendo dinámicas anteriores y sin ningún tipo de justificación salvo el mero interés de los afectados.
La población o el volumen presupuestario de cada ayuntamiento podrían ser elementos determinantes para fijar el salario de cada alcalde. Ahora todo depende de la mayoría que les acompaña.
Sueldos dignos
La objetividad no debe significar evitar una compensación salarial digna a unos responsables institucionales, como son los alcaldes, que requieren de una indudable vocación de servicio y en muchas ocasiones con medios muy escasos.
De hecho, los ediles de Balears están lejos de algunos de sus colegas de otras autonomías con municipios de menos población. Se trata de equilibrar y homogeneizar los sueldos que acaban pagando los contribuyentes.
