Los hoteleros pitiusos no perdieron la oportunidad de cargar contra el impuesto de turismo sostenible (más conocido como ecotasa) en la feria turística World Travel Market de Londres. Ellos, que son los encargados de recaudar el polémico impuesto, sostienen que los turistas se quejan a la hora de pagarlo, especialmente aquellos que el año anterior pagaron una cantidad y este año han pagado el doble, sin una justificación razonable. Sencillamente porque esa fue una exigencia que planteó Podem Illes Balears para apoyar los presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2018 al Govern de Francina Armengol.

Mismas quejas en Ibiza que en Londres.
El presidente del Consell d’Eivissa, Vicent Torres, censuró las quejas de la Federación Hotelera de Ibiza y Formentera (FEHIF) al considerar que estaban difundiendo un mensaje negativo en una de las ferias más importantes del mundo. Sin embargo, no es realista ni sensato exigir silencio a la FEHIF, cuando su discurso y sus argumentos a la hora de denunciar los efectos perjudiciales de la ecotasa no varían ni en Ibiza ni en Londres. Y más valdría tenerlos en cuenta y no negarlos contumazmente, por motivos meramente políticos e ideológicos. Doblar la ecotasa fue un error que acarrea consecuencias y es lícito que los hoteleros lo expongan donde haga falta. Negativo no es que los hoteleros lo pongan de manifiesto, sino que se ignore temerariamente los efectos de aquel error.

Menor competitividad.
Es cierto que los recursos que se recaudan con la ecotasa permiten acometer proyectos necesarios que de otro modo no tendrían financiación, o sería más difícil abordar. Pero no es menos cierto que muchos de esos proyectos no tienen nada que ver con el medioambiente. Y tampoco se puede negar que el impuesto resta competitividad a Balears, en un contexto en el que ni los destinos competidores emergentes del Mediterráneo ni tampoco otros destinos nacionales (a excepción de Catalunya), gravan a sus visitantes con una tasa por cada día de pernoctación. Negar esto es algo que los políticos de izquierdas pueden hacer -de forma irresponsable-, pero no pueden pretender que los empresarios hoteleros aplaudan una medida injustificada y caprichosa que les coloca en una situación de desventaja frente a otros países.