La incompetencia de los gobernantes suele salir cara a los vecinos. Y es previsible que este axioma se cumpla en el caso estrambótico del chiringuito de Cala Gració, donde a la incompetencia del equipo de gobierno de Sant Antoni hay que sumar su desprecio absoluto a la Ley. Desprecio reforzado por el abandono de la política del alcalde Josep Tur ‘Cires’ y del primer teniente de alcalde, Pablo Valdés. Deben creer que una vez fuera de la vida pública su responsabilidad y las consecuencias de sus actos quedan extinguidas, pero en absoluto es así.
La bendición de Valdés.
El Departamento de Costas concedió una autorización a la empresa Bambagas S.L. para la explotación de un quiosco-bar de temporada, completamente desmontable y ecológica en la la punta de Cala Gració. Esa autorización se hizo gracias al informe favorable del equipo de gobierno de Sant Antoni, sin ninguna objeción, acordada de urgencia y por unanimidad de los concejales del PSOE, Reinicia y PI. ¿Acaso no comprobaron entonces que el lugar donde se iba a ubicar el chiringuito no era el apropiado? ¿Es eso realmente posible? ¿Y a lo largo de todo el año 2018 no fueron capaces de instar a Costas a retirar la autorización? Solo lo han hecho cuando los promotores notificaron su intención de montar el quiosco-bar para el que están autorizados, tanto por Costas como por el Ayuntamiento. Solo que ahora ya no necesitan el permiso de actividades, por lo que las trabajas que sirvieron de excusa para impedir su funcionamiento la temporada pasada, ya no servirán. Y de ahí que se traiga un argumento sobrevenido, nunca esgrimido antes, para seguir actuando de forma arbitraria con una empresa que en defensa de sus intereses ha recurrido a la Justicia presentando una querella.
Futuras indemnizaciones.
Como haría cualquiera en su caso, han encargado un peritaje a una empresa de Barcelona para cuantificar el perjuicio ocasionado por el mal funcionamiento de la Administración. Porque si el Ayuntamiento dio su visto bueno a la autorización de Costas y ahora cambia de criterio, es obvio que suya es la responsabilidad. Y admitiendo el error cometido, habrá que indemnizar con toda probabilidad. Lo peor es que seguramente lo pagarán todos los vecinos y no los causantes de este embrollo a quienes todo les da absolutamente igual.
