Las dificultades para cuadrar las cuentas públicas obligan al Govern a tomar medidas de indudable coste político, como es la descatalogación de las plazas vacantes. En un principio, este llamado ‘ajuste fino’ no afecta a los procesos de selección de nuevos funcionarios que están abiertos, pero frena contrataciones de plazas vacantes o de personal específico para cubrir servicios que se pretendían potenciar. El gasto público disparado y la previsión de un descenso de los ingresos para el próximo año ha encendido las alarmas por un más que probable desfase presupuestario, toda una advertencia de que la desaceleración económica anunciada ya tiene sus primeras consecuencias.
Peores servicios.
Nuestros gestores públicos deben ser conscientes del deterioro que supone en su atención a los contribuyentes la falta de personal. La lentitud e ineficiencia de la Administración, en este caso la autonómica, se ha justificado en los últimos años al efecto de los recortes que impuso el Gobierno central para hacer frente a la crisis de 2008 y cumplir las exigencias de la Unión Europea. Ahora estamos ante una seria advertencia de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), cuyo último informe ya denunciaba el incremento desmesurado del gasto corriente en el que estaba incurriendo el Govern balear.
Más eficiencia.
La Administración española adolece de un grave problema de ineficiencia. La burocracia duplica o triplica las gestiones y, en paralelo, genera más personal para su supervisión. La tasa de trabajadores públicos en España no es la raíz del problema, está por debajo de la media europea. La cuestión nuclear es un modelo que mantiene esquemas decimonónicos –en especial, en materia de tramitación– que, por supuesto, requiere su modernización a marchas forzadas. Mientras, sólo cabe esperar los efectos negativos de este nuevo ajuste laboral.
