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La cifra de fallecidos en las residencias de mayores acumula el 38 por ciento del total de víctimas mortales en Balears provocadas por la COVID-19, un índice a todas luces exagerado y que revela graves errores en la gestión de la epidemia en estos centros; en especial en aquellos de titularidad privada. Sólo en una de ellas, Domusvi de Palma, se han contabilizado hasta 13 exitus entre sus internos; una cifra a todas luces exagerada e insostenible. En el caso de Ibiza, Can Blai también ha tenido usuarios fallecidos. El problema también ha afectado, y en mayor medida, a otras comunidades –con especial gravedad en Madrid y Cataluña–, circunstancia que obliga a revisar los protocolos de seguridad en este tipo de centros.

Falta de prevención.
En términos absolutos, de los 134 fallecidos atribuidos en Balears al COVID-19, 50 corresponden a internos de residencias para mayores. Con el avance de la pandemia han salido a la luz los débiles protocolos de seguridad existentes en este tipo de establecimientos, los cuales no se situaron como una de las prioridades de actuación en los primeros momentos. Otro de los factores añadidos fue la falta de equipos adecuados para la contención de los contagios para el personal, unas carencias compartidas con los sanitarios pero que ha tenido una dramáticas consecuencias al tratarse de personas de edad avanzada.

Una experiencia dramática.
Lo ocurrido en estas semanas obliga a revisar, de manera concienzuda, los sistemas de inspección y control de las residencias; los cuales deben abordar aspectos novedosos como son los procesos de desinfección cuya tarea ha tenido que acabar realizando el Ejército. Asumir un 38 por ciento de los fallecidos por el virus no puede quedar como un simple datos estadístico, obliga a la adopción de importantes decisiones políticas de cara al futuro para no tener que volver a actuar arrastrados por los acontecimientos, como ha ocurrido en esta ocasión.