En la misma medida que se va normalizando la vida ciudadana también afloran los efectos colaterales de la pandemia, más allá de los inmediatos en el terreno sanitario y el económico; los más graves y trascendentales, sin duda. En este sentido no pasa desapercibido el coste añadido que debe soportar el presupuesto familiar para hacer frente a la compra de mascarillas, del mismo modo que la llamada ‘tasa COVID’; el suplemento que determinados establecimientos y servicios ponen para hacer frente a los gastos inherentes a las labores de prevención y desinfección. La cuestión no es irrelevante cuando decenas de miles de familias en Balears viven inmersas en una delicada situación derivada de la crisis.
Empatía fiscal.
Resulta obvio señalar la necesidad de estar atentos por los posibles abusos que se puedan perpetrar tras estos suplementos, perfectamente legales en el actual marco de libertad de precios. Cumplir con las exigencias de la normativa que se aplica para evitar los contagios generan sobrecostes empresariales, los cuales acaban repercutiendo en los precios finales de productos y servicios. Sin embargo, en el actual contexto de evidente recesión que afecta tanto a empresas como trabajadores sería conveniente mayor sensibilidad por parte del Gobierno; junto con el dictado de obligatoriedad de las medidas de prevención contra la COVID-19 se podrían haber establecidos rebajas en el IVA de determinados productos. No ha sido así.
Responsabilidad colectiva.
Tanto empresarios como consumidores tienen una prueba más para ejercitar su responsabilidad en unas circunstancias tan complejas como las actuales, todo un reto colectivo en el que no debe tener cabida la picaresca. Muchas firmas y establecimientos se someten a examen con esos suplementos, los usuarios no están en condiciones de admitir un uso fraudulento de este concepto para encarecer precios de manera injustificada.
