Victoria municipal, derrota de Pedro Sánchez

Ibiza |

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El Gobierno de Pedro Sánchez cosechó ayer una aplastante derrota parlamentaria, con el pírrico apoyo de PSOE, Podemos y Teruel Existe. Aún podría haber sido aún más sonrojante si los comuns no hubieran acabado apoyando la convalidación del Real Decreto Ley sobre los Remanentes, a pesar de su oposición. La votación demuestra la debilidad parlamentaria de Pedro Sánchez, la falta de habilidad negociadora, la escasa sensibilidad con los ayuntamientos y el resto de formaciones y que, especialmente, se trataba de una media absurda y gravosa para los intereses municipales que nunca debió contar con el apoyo de la FEMP.

Las consecuencias.
La primera consecuencia de la votación de ayer en el Congreso es que los 230 millones que tienen ahorrados los ayuntamientos y los consells d’Eivissa y en mucha menor medida de Formentera -con 1,5 millones es la entidad local pitiusa con menor remanente- se quedan en las Pitiusas, al contrario de lo que había aprobado ya el de Sant Josep en Pleno y anunciado el de Ibiza. El Consell d’Eivissa y el resto de ayuntamientos con gobiernos del Partido Popular habían mostrado su negativa a someterse al chantaje de Pedro Sánchez, aun a riesgo de no poder tocar su fondo de maniobra.

¿Y ahora qué?
La segunda consecuencia es que el Gobierno no puede actuar con revanchismo y se ha de poner a trabajar de forma inmediata para liberar los remanentes para que las administraciones locales puedan disponer de ellos libremente y así hacer frente al incremento de gastos y al descenso de los ingresos derivados de la pandemia, así como para dinamizar la economía a través de inversiones en obra pública. Sería un error derrochar los fondos en actuaciones absurdas como las propiciadas por el Plan E de Zapatero, pero también no aprovechar esos fondos para invertir en eficiencia energética e hídrica y en mejoras en el entorno urbano, actuaciones siempre necesarias y bienvenidas. El padre de la Ley Montoro, Cristóbal Montoro, ha indicado cuál es el camino, ya que la propia norma incluye un sencillo mecanismo para su suspensión: la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados que debe determinar la excepcionalidad de la situación actual que nadie pone en duda.