Editorial

La campaña de promoción era una emergencia

Eivissa |

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El presidente del Consell d’Eivissa, Vicent Marí, sorprendió ayer al dar cuenta al Pleno de la institución de los reparos que había puesto la interventora en funciones a la contratación a través de la vía de emergencia habilitada por el Gobierno tras el estallido de la crisis provocada por el coronavirus cuando no tenía ninguna necesidad de hacerlo. La decisión y la tramitación del expediente contó con el apoyo político de Marta Díaz y de Viviana de Sans, de Podemos, y con la inexplicable oposición del PSOE, ya que todo el mundo sabe que no se podía iniciar en el mes de junio la contratación de una campaña de promoción turística para animar las ventas para la temporada a través del lento procedimiento ordinario. El debate no es si la campaña fue más o menos acertada, sino la necesidad de hacerlo por la vía de la emergencia para que empezara a dar sus frutos a finales de junio cuando afortunadamente se reabrieron los mercados.

Críticas a la interventora.
El presidente demostró valentía política cuando aprovechó su intervención para arremeter, sin citarla, contra la interventora por haber cuestionado la emergencia del contrato. A pesar de que podría haberse ahorrado algunas afirmaciones que nada aportan al debate de fondo y que De Sans calificó de «escarnio», el presidente demostró que no le tiembla el pulso y que es plenamente consciente de la situación de emergencia que vivía la isla el mes de junio y que vivimos en la actualidad. Y también que es conocedor, tras 28 años de trabajo en la administración, de cuáles son los problemas que nadie ha sido capaz de resolver: la farragosa burocracia; los interminables plazos y la desconexión de algunos funcionarios que viven alejados de la realidad y no demuestran sensibilidad con los administrados que les pagan el sueldo, sus comodidades y privilegios.

Separación de poderes.
La crítica a determinadas decisiones difícilmente justificables y la flexibilización de la administración no deben, en cualquier caso, suponer el menoscabo de todas las garantías ni cuestionar la función de contrapeso a las decisión políticas de los funcionarios.