Ibiza30/09/20 4:01
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Apesar de que el presidente del Consell d’Eivissa, Vicent Marí, hizo un notable esfuerzo para lograr el apoyo de PSOE y de Podemos a su propuesta estrella para la reactivación económica -permitir pequeñas ampliaciones de 25 metros como máximo en viviendas a cambio de inversiones en eficiencia energética e hídrica- aceptando que solo se aplicara el beneficio en las menores de 150 metros, como propusieron los socialistas, y durante un plazo máximo de tres años, como sugirieron los comunistas, la medida no entrará en vigor. Se equivocó Marí al pensar que si aceptaba las enmiendas de los líderes del PSOE y de Podemos de Ibiza, la reforma iba a formar parte de las medidas urgentes del Govern balear para reactivar la economía, lo que demuestra, una vez más, la irrelevancia política de los representantes ibicencos de ambos partidos, y la nula voluntad de consenso y el centralismo de Francina Armengol.

Sin cambios, a pesar del fracaso.
La mayoría de izquierdas en el Parlament tumbó ayer la enmienda del Grupo Popular encaminada a incorporar al proyecto de ley que convalida el decreto 8/2020 el contenido que fue excluido del texto que aprobó el Consell de Govern. El Govern mantiene, pues, un inexplicable veto ideológico a una medida sensata, pragmática, pensada para facilitar la reactivación económica del sector de la construcción, el único que puede garantizar cierto dinamismo mientras no se controle la pandemia. El hecho de que el decreto no haya movilizado hasta ahora ni uno solo de los 528 millones de euros de inversión anunciados para Ibiza, ni tampoco ni uno solo de los 4.600 puestos de trabajo prometidos desde el mes de mayo no ha alterado el guión.

Irresponsabilidad y deslealtad institucional.
Además de la deslealtad institucional que supone hacer caso omiso a una propuesta consensuada en Ibiza, es una irresponsabilidad vetar pequeñas ampliaciones de viviendas, ya que se trata de una medida que habría generado, además de ingresos para los ayuntamientos, trabajo para técnicos, constructores e instaladores locales y mejoras medioambientales. Es, además, incoherente permitir estas actuaciones en los hoteles y negarlas a los particulares.