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Dos docenas de funcionarios de la prisión de Ibiza saldrán de la isla tras haber logrado una plaza en la Península. Se trata de un movimiento masivo de trabajadores públicos derivado del elevado coste de la vida que consideran descompensado respecto al plus de insularidad que reciben, muy inferior respecto a los desplazados a Canarias. Esta situación genera evidentes inconvenientes en el normal funcionamiento del centro penitenciario, ya de por sí deficiente, además de perpetuar la interinidad de buena parte de la plantilla. El Partido Popular pretende llevar el debate al Senado, aunque no parece probable que se modifique una dinámica que está enquistada desde hace décadas y merma la calidad de importantes servicios públicos estatales en Baleares. El senador autonómico, José Vicente Marí Bosó, logró cifrar el agravio en solo nueve millones de euros, cifra ridícula que enoja aún más.

Muchos departamentos.
Esta movilidad forzada de funcionarios no es exclusiva del Ministerio de Interior: otro tanto ocurre en el resto de departamentos de ámbito estatal. Policías, militares, funcionarios de los juzgados y trabajadores de todo tipo de empresas públicas vinculadas a la Administración central también contribuyen a esta inestabilidad laboral sin que, hasta el momento, el Gobierno central esté dispuesto a corregirla. Mientras los pluses de insularidad no compensen el elevado coste de vida en Balears, el fenómeno seguirá repitiéndose y sus consecuencias las padecerán los ciudadanos.

Baleares, las olvidadas.
Cuando se definen los costes de la insularidad también hay una alusión directa a este claro agravio de los funcionarios y trabajadores públicos que son destinados en Baleares, donde su remuneración cae en relación a la de sus compañeros de la Península de una manera destacada. Las Islas son, en definitiva, una mera escala en su trayectoria profesional para centenares de trabajadores que cada año hacen un viaje de ida y vuelta. Cabe preguntarse hasta cuándo se mantendrá la inacción del Estado, cuánto tiempo se tardará en tomar conciencia de que venir a Baleares no es un castigo.