La presidenta del Govern, Francina Armengol ha presentado esta semana un plan para la reconversión de establecimientos hoteleros obsoletos en viviendas sociales. La medida, dotada con 16 millones de euros con cargo a los fondos Next Generation de la Unión Europea, pretende sacar del mercado una oferta de alojamiento que daña la reputación de Baleares como destino turístico de calidad y que se concentra en diversos enclaves de Mallorca e Ibiza. La idea no es nueva ya que hace dos décadas se derribó un hotel en Mallorca con cargo a la recaudación de la ecotasa de aquel entonces. Desde aquel momento hasta ahora, todas las acciones han sido puntuales.

Esfuerzo inversor de Ibiza.
La persistencia del Govern en esta idea confirma que quiere acabar con la oferta de más baja categoría. En el caso de Ibiza, la presidenta mallorquina olvida el esfuerzo inversor que están realizando los hoteleros en los últimos años. En este sentido, sólo el municipio de Sant Antoni, donde el Govern ya ha dicho que pretende comprar hoteles y hostales de una o dos estrellas, se han invertido más de 80 millones en los últimos cuatro años para reformar y subir de categoría, precisamente, aquellos establecimientos más bajos. La presidenta balear también parece obviar que incluso la oferta de alojamiento de más baja categoría es altamente rentable en las Islas, lo que podría propiciar que las familias y pequeños empresarios dueños de estos establecimientos no estén interesados en vender al Govern por precios que les podrían resultar poco atractivos.

Fondos insuficientes.
Y es que la dotación de 16 millones de euros con la que la presidenta Armengol dijo que se pretendía poner en marcha este proyecto en todas las Islas es a todas luces insuficiente, más si se tiene en cuenta la magnitud del problema. Estamos, en todo caso, ante una iniciativa meramente testimonial y propagandística de cara a las elecciones autonómicas del próximo 28 de mayo.