Aún colean los ecos de la decisión de la Generalitat de
Catalunya de no renovar la autorización del uso de frecuencias a
tres emisoras de la cadena COPE en Catalunya. El caso no es para
menos porque supone un peligroso y feo precedente en la actual
etapa democrática de una España que ya no tiene nada que ver con
una dictadura de cuarenta años en los que fueron conculcados muchos
derechos, alguno de ellos tan sustancial como el de la libertad de
expresión.
Se han ido felizmente aquellos tiempos en que se cerraban
periódicos y emisoras por vía administrativa sin ninguna
posibilidad de defensa ante unos tribunales que, como la propia
Administración, estaban al servicio del Régimen. Por supuesto que
no tenemos la menor intención de comparar la decisión del Gobierno
catalán "que todo el mundo atribuye, personalmente, a su
presidente", ni siquiera con una sombra de dictadura, pero
convengamos en que la medida que afecta a la COPE no es,
precisamente, un modelo de respeto a la libertad de expresión y de
opinión.
Es un error claro de procedimiento. Sin entrar en valoraciones
del contenido de los programas y de las opiniones de esa cadena, lo
cierto es que contra ellos existe siempre la vía judicial.
Aprovechar el vencimiento de un plazo de concesión para adoptar
represalias es peor que una bajeza; es un error. El presidente
Pujol dio algunas explicaciones que agravaron el error y, ahora, el
problema sigue vivo, a la espera de una rectificación por parte de
la Generalitat o una sentencia judicial que invalide tan arbitraria
decisión.
Por otra parte, hay que instar a modificar la legislación a fin
de no facilitar este tipo de actuaciones y preservar a los
profesionales y empresas de comunicación de la posibilidad de
ajustes de cuentas.
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