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El último Consejo de Ministros ha abierto la puerta para que los embriones creados para la fertilización in vitro y que eran desechados y congelados por espacio de cinco años hasta su destrucción definitiva puedan ser utilizados para la investigación, lo que supone una importante vía para hacer frente a enfermedades hasta ahora intratables como el alzheimer, por poner sólo un ejemplo. Pero, como ya ha sucedido a nivel internacional, esta decisión ha vuelto a generar un debate ético que, en esta ocasión, enfrenta al Gobierno y a la mayoría de las fuerzas políticas del país con la Conferencia Episcopal española.

La Iglesia considera al embrión humano como un ser independiente sobre el que sólo Dios tiene derecho a decidir. Y aunque esta posición de la jerarquía eclesiástica sea respetable, también debe considerarse el hecho de que el destino de los embriones con los que va a ser posible ahora la investigación, hasta el presente era su destrucción. Y tampoco puede olvidarse que, gracias a ello, muchas personas podrán en el futuro recuperar su salud y multitud de vidas podrán ser salvadas, y eso es algo que la misma Iglesia debe plantearse. No hacerlo supondría anclarse una vez más en el pasado y desligarse del avance de la ciencia.

Además, la normativa aprobada por el Ejecutivo es bastante restrictiva, lo que es lógico si tenemos en cuenta que la investigación genética que permiten los embriones podría conducir a auténticas aberraciones que pretenden evitarse.

La decisión del Gobierno supone el establecimiento de un necesario marco jurídico. Ahora bien, en estos momentos de lo que se trata es de vigilar su aplicación y de aportar cuanto sea necesario para que España no pierda el tren de los avances en materia de investigación genética.