El Gobierno italiano que preside Silvio Berlusconi está tramitando "ya cuenta con la aprobación del Senado" un proyecto de ley que contiene medidas como que los médicos puedan denunciar a los extranjeros indocumentados que hayan atendido como pacientes. La propuesta ha generado una oleada de críticas por parte de la oposición a las que se han añadido las de las organizaciones no gubernamentales, las cuales advierten del riesgo que la aplicación de un control de estas características puede generar en la salud pública.
La iniciativa de Berlusconi merece la reprobación unánime y no sólo de las ONG que ya han alzado su voz respecto a los peligros que representará la aplicación de la ley italiana, el temor a la deportación hará que miles de inmigrantes eviten acudir a los centros sanitarios para ser atendidos. En el seno de la Unión Europea no debe tener cabida una reglamentación con un carácter tan xenófobo como el que se quiere llevar adelante en Italia y que, además, contraviene la Declaración de Ginebra de 1948 aprobada por la asamblea general de la Asociación Médica Mundial que sustituyó el juramento hipocrático.
En este período de recesión económica proliferan en Europa las actitudes encaminadas a criminalizar la inmigración, lo ocurrido en Gran Bretaña estos días es también un buen ejemplo de esta corriente, que deben ser atajadas de raíz. Tan irresponsable es la apertura indiscriminada de las fronteras como la persecución policial del fenómeno de la inmigración ilegal "con excepción de las mafias que se enriquecen a su costa", cuyo origen está en la desesperación humana ante la falta de futuro en sus respectivos países y, por tanto, la solución está en ayudarles a no emigrar. Berlusconi acerca a Italia a una línea que no se debería cruzar jamás.
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