La dimisión del portavoz del Partido Popular en el Ajuntament de Palma, Rafael Durán, imputado en el 'caso Palma Arena' y en libertad bajo fianza, es la consecuencia política lógica a la vista de su actual situación jurídica. La decisión lleva aparejada una crisis interna por la elección de su sucesor en el cargo, un proceso que supondrá la designación de un tercer edil para ocupar la portavocía municipal de los conservadores palmesanos en lo que se lleva de legislatura.
El anuncio de Durán trata de evitar la merma de credibilidad del PP en su labor de oposición en Cort, un análisis que compartió su hasta ahora máximo representante político. Además, la salida no tiene el carácter provisional que se había especulado inicialmente, un error que al final se ha evitado ya que hubiera sido insostenible una portavocía interina en el Ajuntament hasta la finalización del proceso electoral de la junta local del PP de Palma.
Tras su detención -polémicas al margen-, Rafael Durán había quedado inhabilitado desde la óptica política. Admitir en su declaración que había firmado sin leerlo un contrato por un importe de casi 9 millones de euros a los arquitectos García-Ruiz para la construcción del velódromo Palma Arena, como presidente del consorcio, deja a Durán en una incomodísima situación que ahora, como mero concejal de la oposición, trata de aliviar con su salida. Ante la ciudadanía resultaba incomprensible que el Partido Popular pasase por alto esta situación, más tratándose de su portavoz en el Ayuntamiento de la capital balear, a pesar de que considere injusto el tratamiento de que está siendo objeto en comparación con políticos de otros partidos.
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