Este criterio general de libre concurrencia encuentra dos excepciones fundamentales: la declaración de una ruta de servicio público – cuando el libre mercado no consigue cubrir las necesidades mínimas del servicio-, o la subvención directa del billete mediante lo que denominamos el descuente de residente (residente no peninsular, se entiende).
Así las cosas, en Baleares disfrutamos de las dos formas de intervención que tiene la administración en materia aeronáutica. De un lado de un descuento del billete del 50% en la totalidad de los vuelos domésticos; y por otro lado la declaración de servicio público de la totalidad de las rutas interinsulares y también -desde hace tres años- de la ruta Menorca-Madrid.
El recién nacido III Pacte de Progrés relanza la idea de poder volar en los vuelos interislas de Baleares a cambio de un precio que fijan en una tarifa plana universal de 30€ por trayecto. A raíz de lo que van informando a través de los medios sabemos que, para conseguirlo, proponen una fórmula sorprendente: tocar el sistema del descuento de residente. Y digo sorprendente porque esta alternativa supone lo siguiente:
- La necesidad de contar con el apoyo o, cuando menos, con la no oposición, del resto de territorios no peninsulares. Canarias, Ceuta, Melilla y Baleares disfrutamos y compartimos el mismo sistema de descuento, que se sustenta en la misma normativa legal y va con cargo a la misma partida de los presupuestos generales del Estado. Pretender modificarlo supone la necesidad de obtener el respaldo del resto. Por lo que sabemos el Pacte no ha hecho ninguna gestión en este sentido, ni con estas regiones ni con el gobierno central. Poder llegar a un acuerdo con todas las regiones nos da una idea de la envergadura de la medida, anunciada a bombo y platillo entiendo que de forma, cuando menos, osada o precipitada.
- El dinero del descuento de residente dedicado a pagar el 50% del billete es una medida de intervención de la Administración en el marco del libre mercado. Tener este derecho, este descuento, viene justificado en un motivo de peso: compensar el hecho insular a los residentes insulares. El Pacte parece no haber pensado en que la intervención de la Administración pagando ese 50% del billete está dentro de la ley porque la normativa -tanto europea como española- prevé este tipo de ayudas para los residentes de territorios no continentales. Y digo esto porque con el dinero dedicado a este fin el Pacte pretende subvencionar el billete a personas que no tienen ese derecho: turistas y visitantes, vulnerando claramente la normativa tanto comunitaria como española al respecto. Dicho de otro modo: no se le puede subvencionar el billete a un turista inglés o alemán, o a un turista español no residente, con el dinero consignado en los presupuestos para compensar a los residentes insulares. Parece que este impedimento legal ni tan siquiera lo han pensado desde el Govern del Pacte.
- No hay que perder de vista que el gobierno central habrá de valorar necesariamente qué repercusión económica tendría la medida, pero no sólo a nivel de los vuelos interislas de Baleares, como parece creer el Govern del Pacte, sino a nivel general, para todas las regiones no peninsulares. Desde Madrid podrían encontrarse con peticiones de actuaciones análogas de las otras regiones, de un impacto económico global para las arcas del gobierno central que no se nos escapa que sería de proporciones enormes. Y lo anterior sin entrar en el galimatías que se provocaría con la coexistencia de sistemas diferentes entre las regiones y el Estado, tema este de complejidad evidente y del que ninguna noticia se nos da al respecto por el Govern de qué fórmula pretenderían aplicar para desarrollar la idea.
La declaración de servicio público de los vuelos interislas se consiguió en 2004, con gobierno del Partido Popular. La causa era clara: el libre mercado no cubría las necesidades de una conectividad fluida, tan necesaria interislas. Y con el precio intervenido para dar seguridad y continuidad.
Desde ese momento entre las islas, en cada ruta, es obligatorio que haya un mínimo de cuatro vuelos al día por trayecto en invierno (ocho ida y vuelta) y cinco en verano (diez vuelos de ida y vuelta). La realidad nos da que tenemos el doble de esos vuelos a lo largo de buena parte del año. Una correcta conectividad en lo que se refiere a las frecuencias y al número de plazas obligatoriamente garantizadas.
Y todo este servicio con el precio intervenido, al estar fijada por la norma una tarifa de referencia de 90€. Al ser un precio de servicio público el Ministerio conoce el liquidado total al céntimo. El resultado es que el residente paga de tarifa media con el descuento incluido 39,41€ en la ruta Palma-Ibiza y 38,41€ en la ruta Palma-Menorca (datos 2013).
Por último conviene recordar que este año 2015 se ha conseguido un hito en los vuelos interislas: la entrada de un segundo operador aéreo en plena competencia (hay otra, pero solo es un servicio parcial). Esto ha provocado de una parte la nada despreciable bajada de precios de en torno al 12%, pasando el precio medio del billete a en torno a 31€ con el descuento para el residente; y por otro lado el añadido de seis frecuencias más para cada ruta, que se suman a las ya existentes de las otras compañías.
En definitiva: para este viaje no hacen falta estas alforjas.
1 comentario
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Pues esta noticia lo dice todo de estos nuevos politicos... como dejar en manos de niños la economia... ideas como si de lampara magica se tratara, sentido común en el asunto? Cero patatero.