El Consell d’Eivissa ha presentado un total de once proyectos a la Comissió Balear de Turisme Sostenible que ahora debe decidir el destino de los fondos recaudados por el impuesto de Turismo Sostenible de este año, que en total han sido 104,9 millones de euros. En total, 17,2 millones propuestos por Ibiza aspiran a ser financiados con el dinero de la ecotasa, entre los proyectos insulares y los que han sugerido los ayuntamientos de Santa Eulària, Sant Joan y Sant Antoni. La partida más importante que se sugiere es la del Parc Insular Central de Bombers, que asciende a 7,6 millones. Formentera reclama que se financie algo más de un millón con la ecotasa, siendo el Centro de Deportes Náuticos su proyecto estrella.

Escuchar a los consells.
No son buenos los imputs que llegan desde el Govern sobre las sugerencias que realizan los consells sobre los proyectos que deben financiarse con la ecotasa. El propio conseller de Turisme, Iago Negueruela, dijo recientemente que no era de obligado cumplimiento el listado de los consells y de los ayuntamientos, y recordó que la Comissió Balear de Turisme Sostenible tenía la última palabra. Sin embargo, el listado que hoy publica este periódico sobre las inversiones son perfectamente asumibles y su ejecución significarían un gran respaldo a las instituciones ibicencas.

Sin color político.
Sin embargo, todo parece indicar que a la hora de decidir qué inversiones deben realizarse con el dinero de la ecotasa la Comissió Balear de Turisme Sostenible ya tenía el listado cerrado, sin posiblidad de hacer aportaciones desde las instituciones. Los gobiernos municipales ya se quejaron la pasada legislatura de que había poco margen de movimiento e incluso lamentaron que todas sus propuestas eran tumbadas por esta comisión, que parece más una excusa para vender un consenso inexistente que un órgano para pactar realmente un listado pactado de inversiones. Ya que la ecotasa no es un instrumento que tenga el consenso de toda la sociedad balear, por mucho que la izquierda diga que no existe oposición, lo mínimo que se tiene que exigir al Govern es que sea sensible a las peticiones de consells y ayuntamientos. Ese es el único camino posible para lograr precisamente que el impuesto no genere rechazo en determinados sectores de la sociedad.