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Seguro que ustedes desconfiarían de quien, sea cual sea la circunstancia, les da siempre el mismo consejo. Es lo que ocurre con los socialistas que, sea cual sea la situación, su consejo siempre es el mismo: gasto público hasta convertirlo en descontrolado. Nada importa si estamos en crecimiento o en recesión, la respuesta es la misma: gasto público descontrolado y políticas expansivas de demanda.

Por este motivo, los socialistas del no es no a todo no quisieron que se aprobara la Ley de Estabilidad Presupuestaria en plena crisis de 2008 y también, según ellos, había que derogarla durante la etapa de crecimiento de nuestro país entre 2013 y 2018. Ahora, inmersos en una dura recesión, el consejo es el mismo: derogarla. Y todo para excusar su incapacidad y evitar cualquier tipo de control.

Las consecuencias de la actual recesión están siendo parecidas a las de 2008 pero de mucho mayor calado, a pesar de que para los socialistas -qué casualidad-, las crisis siempre son mundiales. Sin embargo hay que decir que por mor de sus políticas equivocadas, las crisis “mundiales” siempre nos afectan en mayor medida y con mayor severidad que al resto de países. Pasó en 2008 y está pasando ahora.

El fundamento de la ley de estabilidad es el mismo que el de la mayoría de españoles en sus hogares: buscar el equilibrio y no gastar muy por encima de lo que se puede ingresar cada mes y el introducir la regla de gasto en el comportamiento presupuestario de nuestras administraciones ha tenido y tiene como fundamento que éstas puedan actuar con políticas de protección cuando las crisis sobrevienen.

En efecto, la regla de gasto al imponer que el gasto público crezca un poquito menos que el crecimiento de los ingresos en la fase expansiva del ciclo económico ha asegurado un colchón de dinero ahorrado que poder aplicar en momentos de crisis como el actual. Gracias a ello hoy los Ayuntamientos de nuestro país se pueden enfrentar a esta crisis, en beneficio de sus vecinos, con mayor solvencia que en la anterior crisis cuando ninguna administración publica pudo hacer políticas de protección porque todas las habían dejado los socialistas en quiebra técnica y sobreseyendo los pagos a todo el mundo.

Por tanto, hemos ahorrado un poco en el pasado para poder actuar en situaciones como la presente y es ahora cuando hay que llevar a cabo estas políticas de protección y reactivación, y no diferirlas en los próximos 17 años como pretende Sánchez con la confiscación de los remanentes ya que no tiene sentido posponer a más de una década una intervención urgente.

No se crean la mentira socialista de que la Ley de Estabilidad ha generado esta situación con remanentes que hay que mantener en el banco. Desde 2014 se habilitó la reinversión de los superávits municipales en inversiones financieramente sostenibles: si el dinero está en el banco es porque, al igual que el alcalde de mi ciudad, Ibiza, en gran parte no se han sabido ejecutar los presupuestos que se han pintado año tras año.

Con un panorama complejísimo en nuestro país, la receta socialista no puede ser la incautación de los ahorros de los vecinos, no puede ser el “trágala” creando ayuntamientos de primera y de segunda según tengan o no remanentes positivos de tesorería. Tampoco puede ser que tras sábados y sábados de Aló Presidente en que Sánchez nos hablaba de la necesaria unidad, ahora haya impuesto su absoluto criterio a costa de todo y con el primer resultado de un acuerdo no unánime de la FEMP en su historia.

Ante esta maniobra aceptada en contra del clamor del municipalismo por Abel Caballero, hay que explicar que la alternativa es la propuesta de Pablo Casado y miles de alcaldes de cualquier color político, incluidos muchos socialistas, que pasa por el respeto a la autonomía municipal, por permitir reinvertir los remanentes en políticas de protección, de inversión y de rebajas impositivas que permitan la activación de las economías locales, así como la suspensión de la regla de gasto también para 2021. Hacerlo así es lo que dicta el sentido común.

Si muchos alcaldes y alcaldesas, portavoces municipales y concejales, por encima de colores políticos y grandes diferencias, entendemos que es el momento de actuar, de retirar el RDL aprobado y negociar uno nuevo sobre la base de estas premisas, Sánchez, Montero y los socialistas deberían también entenderlo y buscar el acuerdo por encima de otras consideraciones partidistas.