Ha pululado, y todavía pulula, la tesis de un pretendido colapso de la economía. Las causas se atribuyen, desde ese rincón de tertulianos y editorialistas, a unas malas prácticas del gobierno. La responsabilidad, según esta tesis, recaería en el gabinete presidido por Pedro Sánchez: él sería el gran responsable de ese posible desaguisado. Sin embargo, los datos no acompañan a tal percepción. Las cifras del mercado de trabajo –con resultados positivos en la última entrega estadística del mes de marzo–, junto a la evolución del PIB –con un crecimiento económico cifrado entorno al 5%– no avalan tales planteamientos. Entonces, el indicador que se escoge es el de la inflación: un guarismo que se acerca a los dos dígitos –y que es probable que llegue a ellos–, y que se imputa totalmente al gobierno.
Sin embargo, la disección del IPC, que está teniendo problemas metodológicos destacados por el propio INE, rubrica que una parte sustancial de la subida de los precios –un 40%– sería responsabilidad de los problemas energéticos derivados de la guerra. Esto, junto a la mayor intensidad energética de la economía española, que necesita más unidades de toneladas equivalentes de petróleo para aumentar unidades monetarias del PIB, algo que no sucede en otros países europeos. Es decir, estaríamos ante una situación más imputable a la propia estructura económica del país, mucho más que a la acción o inacción del gobierno. Éste, por su parte, ha puesto en marcha un conjunto de positivas medidas de choque. Iniciativas que están atajando la subida de los precios. A ello, cabe añadir las negociaciones comunitarias, protagonizadas por los presidentes Sánchez y Costa, sobre la excepcionalidad ibérica en el marco europeo. La fijación de un tope en el precio de la electricidad, un proyecto que ya se está evaluando en la Comisión Europea, reduciría prácticamente a la mitad el precio de megavatio/hora: un resultado importante.
Ante todo esto, demostrable con el alud de datos que han ido apareciendo en medios de comunicación fiables –es decir, no sometidos a la tendencia en fisurar como sea el gobierno, recurriendo incluso a las mentiras, medias verdades y tergiversaciones–, las opciones conservadoras proponen la regla de siempre: la reducción lineal de los impuestos, un marco lakofiano que se vende muy bien entre la población, pero que es absolutamente irreal. Y que, además, se enfrenta con las recomendaciones emanadas de las instituciones comunitarias, que enfatizan ir con mucho tiento a manejar de forma demagógica el tema de los impuestos. En paralelo, se han utilizado selectivos paros patronales de transportes como arietes para desgastar al Ejecutivo. Todo con la esperanza de generar un colapso social que recomiende un cambio rápido de gobierno y la entrada, entonces, de las fuerzas políticas conservadoras.
La irresponsabilidad de todo esto es enorme. No se conocen propuestas alternativas concretas, medidas, tangibles, más allá de la promulgación de la reducción tributaria y de una narrativa vacía del más mínimo contenido. Algo que, se sabe, no funcionó en el pasado más reciente. Una obstinación ciega.
2 comentarios
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Pensamiento desiderativo tan loable como erróneo, a mi juicio. El gasto mastodóntico del sector público no se reduce y falta ver qué pasará con nuestra deuda desorbitada cuando el Banco central europeo empiece a subir tipos.