Después de años de promover los fondos de pensiones privadas, sin mucho éxito, entre otros motivos porque en la crisis de 2008 aprendimos a no fiarnos de las ofertas de los bancos, ahora se decide imponerlos por ley. El día 9 de junio se lleva al Congreso el Proyecto de Ley para el Fomento de los Planes de Pensiones de Empleo, en virtud del cual una parte de las cotizaciones a la Seguridad Social para la llamada Caja de las Pensiones se entregará a bancos y fondos de inversión que podrán especular a su antojo y poner en riesgo nuestras pensiones.
Este Estado, que se autodefine como democrático, se arroga el poder de decidir sobre esa parte del salario que son las cotizaciones para la jubilación, con la complicidad, entre otros, de la dirección de sindicatos como CCOO y UGT, favoreciendo descaradamente intereses del capital financiero especulativo, pero ignorando el derecho a participar y decidir de la clase trabajadora, que es quien genera ese ahorro y quien sufrirá las consecuencias de esta decisión. No es un asunto ni lejano ni ajeno, es un asunto de quienes viven de su trabajo. Está en juego el derecho a una vida digna.
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