Un control de alcoholemia. | Archivo

Durante 16 años de mi vida fui guardia civil de la Agrupación de Tráfico. Estuve destinado en los equipos de atestados, encargados de la instrucción de diligencias por delitos contra la seguridad del tráfico y por accidentes graves. Los controles preventivos y las pruebas de alcoholemia constituían el 70 por cien de nuestra carga de trabajo. Cuando yo entré en Tráfico, en el año 1995, la tasa máxima de alcoholemia era de 0,60 mg/l pero fue reducida a 0,40 mg/l ante la elevada siniestralidad originada por el exceso de alcohol. Entonces, las carreteras eran una auténtica sangría y cada año perdían la vida o resultaban heridas más de 8.800 personas. No quedó más solución que reducir drásticamente la tolerancia con la ingesta de alcohol al volante. Gracias a eso se consiguió minorar la accidentalidad en carretera.

Todos conocemos a alguien a quien le han retirado el carné de conducir por dar positivo en alcoholemia y la concienciación social sobre este grave problema ahora es máxima. Así, no es admisible que se reste gravedad a quien se pone al volante habiendo bebido alcohol, aunque sólo sean dos copas de vino y dos cervezas. Se trata de una infracción grave, con una cuantiosa multa y pérdida de puntos carné, no tanto por el hecho en sí, sino por el peligro y la irresponsabilidad que supone conducir bajo la influencia del alcohol. Si quien protagoniza esta censurable conducta es un político como Antoni Lorenzo, líder de los socialistas de Sant Antoni de Portmany, que es candidato a alcalde de PSOE-Reinicia, los vecinos han de tomar buena nota de cómo se conduce el aspirante a gobernar su municipio. Si tiene algo de dignidad, dejará que sea otra persona más idónea quien dispute la plaza a Marcos Serra. Apuesto a que no lo hará.