Imagen de un chiringuito en una playa de Formentera. | Daniel Espinosa

El Consell de Formentera anunció que, entre la jornada de este martes y la de este miércoles, procedería a notificar a los antiguos concesionarios de los servicios de playa de la isla que está abierta la posibilidad de que puedan llevar su explotación una temporada más.

Según informaron fuentes de la institución, además de la notificación se va a requerir a los interesados una serie de documentación y, una vez analizada, ya se podrán firmar los nuevos contratos y proceder a montar las instalaciones de las playas.

En primer lugar, la Comisión de Gobierno del Consell de Formentera acordó solicitar a todos los interesados la presentación de un compromiso de explotación, es decir, una solicitud formal manifestando que está de acuerdo en continuar con la explotación del servicio durante la temporada 2022. Si no se cumple con este requerimiento en el cinco días hábiles, se entenderá por parte del Consell que no quieren prestar el servicio y éste quedará desierto hasta la nueva adjudicación.

La posibilidad de que los antiguos concesionarios pudieran continuar con su explotación una temporada más ha sido objeto de debates, de informes e incluso de un pleno extraordinario de la institución. Sin embargo, y según los propios servicios jurídicos de la institución, la solución estaba muy clara y incluso esta «continuidad» en el servicio era «forzosa», y así lo manifestaron en un informe el pasado 17 de mayo. Curiosamente un día después, en un pleno extraordinario que se llevó a cabo para debatir únicamente de esta cuestión, el portavoz de la oposición preguntó en la comisión informativa al equipo de gobierno si existía algún informe del Consell al respecto, y le contestaron que no. Negativa que también dio el propio conseller de Medio Ambiente, Antoni Tur, en el pleno.

Señala el informe que en el pliego de condiciones que regulaba las bases del concurso para el período comprendido entre 2013 y 2020, en su punto 7.2 se reconoce, respecto a la duración del contrato y al plazo de ejecución, que «una vez acabado el plazo de este contrato o de las prórrogas, si procede, continuará en vigor el tiempo mínimo que resulte indispensable hasta que la Administración resuelva la licitación convocada y adjudique el nuevo contrato».

El propio pliego de condiciones presentado en 2013, y que esgrime el departamento jurídico del Consell para avalar la continuidad de los concesionarios, va más allá y asegura que «el contratista queda obligado a continuar garantizando provisionalmente la prestación de los servicios durante este período interino». Continúa destacando el documento que «producida, si es el caso, esta prórroga forzosa y durante el tiempo que se mantenga, el concesionario no tiene derecho a recibir ningún tipo de indemnización de la Administración; la única contraprestación que se tiene que satisfacer es la que resulte de los precios del contrato».

El documento reconoce a su vez que este argumento ya se recoge en «el informe jurídico que sirvió para adoptar el acuerdo de la Comisión de Gobierno el 14 de abril de 2021 en el bien entendido de que, como se ha dicho, la tramitación de la nueva contratación para 2022-2027 no ha culminado y estamos en una situación, objetivamente, como se ha descrito, aún peor que la de 2021».