Imagen de archivo del puerto de la Savina de Formentera. | Archivo

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La Autoridad Portuaria de Baleares ha confirmado este jueves que, casi cuatro meses después, la situación en la dársena de Poniente del puerto de la Savina no ha variado ni un ápice y que la empresa que debía haber abandonado la concesión el pasado 27 de mayo, Marina de Formentera, continúa ocupando y gestionando irregularmente las instalaciones, que tras esa fecha deberían estar en manos de la empresa Port Med Formentera, que fue la ganadora del concurso convocado por la APB para la gestión y explotación en régimen de autorización administrativa de las instalaciones ubicadas en la dársena de Poniente.

Asimismo, señalaron que la cuestión continúa en manos de la Abogacía del Estado para que impulse las medidas necesarias para que los nuevos adjudicatarios puedan hacerse cargo de las instalaciones. Hay que recordar que dicha autorización administrativa era por un período de un año, por lo que Port Med Formentera ya ha perdido una cuarta parte de la posibilidad de hacer negocio, y justamente en la época estival. Por ese motivo, desde la compañía ya advirtieron que se reservaban el ejercicio «de cuantas acciones legales le pueden corresponder por razón de los actos que impidan la normal y pacífica explotación de la autorización otorgada, así por los daños y perjuicios que se le irroguen».

Insistieron en que la empresa resultó adjudicataria de la gestión de la dársena «tras un concurso público, objetivo y transparente» y que la controversia entre Marina de Formentera y la APB «es completamente ajena a esta sociedad y a la tramitación y resolución del citado concurso». Indicaron a su vez que el hecho de que la adjudicataria saliente haya interpuesto un recurso o solicitado medidas cautelares «no le habilita para continuar en la explotación de la dársena, al carecer de todo título jurídico para ello», ya que el que tenían se extinguía en la jornada del 27 de mayo.

Marina de Formentera, por su parte, se mantiene en las instalaciones hasta que se resuelvan las medidas cautelares solicitadas al Tribunal Superior de Justicia de Baleares contra la decisión de la APB del pasado 23 de febrero en las que se le denegaba la prórroga de la concesión.