La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Palma retoma este miércoles y jueves el juicio contra el expresidente del Consell de Formentera, Jaume Ferrer, la exvicepresidenta de la institución insular, Sonia Cardona, el exconseller de Promoción Económica y Territorio, Bartomeu Escandell, y el de Turismo, Josep Mayans, por un supuesto delito de prevaricación.
El Ministerio Fiscal no ve delito en los hechos y, por ende, considera que no procede imponer pena alguna. Así, la acusación sólo está sostenida por la empresa Sunway S.L, que presentó la querella.
El caso, conocido como Punta Prima, se remonta al año 2010, cuando se acordó por mayoría absoluta aprobar la revisión de las Normas Subsidiarias de Plan Urbanístico de Formentera, que determinaba que algunos terrenos de la empresa se declararan como Espacios Libres Públicos de cesión gratuita al Consell.
Esto hizo que dichas zonas no fueran edificables, ya que debían mantener la calidad paisajística y natural de los terrenos, al estar incluidas dentro de la zona de protección del Parque Natural de Ses Salines.
Un empresario alemán, responsable del complejo turístico ubicado en dicha zona y que tenía pendiente construir la segunda fase de su proyecto, presentó entonces la querella.
Con todo, Fiscalía entiende que no queda acreditado que los acusados, para conseguir dicha aprobación, la retrasaran intencionadamente mediante la no publicación del Informe de Impacto Ambiental. Por contra, la acusación particular pide que se juzgue a los procesados por un presunto delito de prevaricación administrativa.
FERRER DIJO QUE HABÍA INFORMES QUE INVALIDABAN EL PERI DE PUNTA PRIMA
El primer día del juicio, que se remonta a noviembre de 2021, el expresidente del Consell aseguró que había informes medioambientales que determinaban que el Plan Especial de Reforma Interior (PERI) de Punta Prima no se podía validar.
Además, señaló que desde Presidencia «no se estaba gestionando ni tramitando este tema», cuya responsabilidad recayó sobre el área de Territorio y Urbanismo.
Así, Ferrer defendió su inocencia durante el juicio insistiendo en que, cuando llegaron al gobierno, el anterior ayuntamiento aprobó inicialmente el PERI de Punta Prima pero todavía faltaba su aprobación definitiva.
Por otro lado, cuando fue preguntado por el supuesto retraso que hubo en la tramitación del PERI, el expresidente explicó que se debió a que estaban «saturados por la situación del Consell y todo lo que se correspondía a su organización», por ser un grupo político nuevo.
DECLARACIONES DEL DENUNCIANTE
La segunda sesión del juicio arrancó con la declaración del denunciante, que afirmó que Ferrer le dijo que «habían ganado las elecciones con la promesa de evitar un crecimiento desorbitado en Formentera», en referencia a la aprobación definitiva del PERI de su complejo turístico.
Además, indicó que obtuvieron una sentencia a su favor que daba el visto bueno para construir la segunda fase del complejo y, seguidamente, procedieron a iniciar el PERI, que se aprobó provisionalmente en 2005.
Poco después, continuó el denunciante, la Conselleria de Medio Ambiente acordó que se tenía que volver a publicar por «eventuales problemas medioambientales» y se ordenó al complejo turístico que publicara un Informe de Impacto Medioambiental.
Este fue considerado finalmente suficiente y el Govern lo remitió al Ayuntamiento para su posterior publicación y tramitación, pero «no se publicó nunca», censuró el empresario.
Al poco tiempo entró una nueva formación en el gobierno con la que firmaron un convenio para que, a cambio de la creación de un vial que diera acceso a una torre que se encontraba en la zona del complejo, se agilizara la publicación del informe y la construcción de la segunda fase del complejo.
«Posteriormente, el Govern me denunció como consejero delegado de la empresa por construir el vial en suelo calificado de protección por estar al lado del Parque de Ses Salines», expresó el denunciante, que amplió entonces la querella al Consell.
Paralelamente, el empresario aseguró que mantuvo una serie de encuentros con el entonces presidente del Consell, Jaume Ferrer, para pedir explicaciones sobre la no publicación del Informe de Impacto Ambiental y que este le contestó que habían «ganado las elecciones con la promesa de impedir un crecimiento desorbitado de construcciones en Formentera» y que acordaron que se redujera a la mitad la construcción prevista en Punta Prima.
Poco después, lamentó el empresario, fue cuando se aprobó la normativa general de la isla, «que calificaba el suelo de rústico» y, por ende, «impedía que se construyeran viviendas residenciales». En 2010 se aprobó finalmente la revisión de las normas subsidiarias, que calificaron su suelo como Espacios Libres Públicos.
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