Imagen de archivo de un kiosco de playa en la pitiusa sur.

El acuerdo alcanzado el pasado 23 de febrero por la Junta de Gobierno del Consell de Formentera que declara válida la licitación y adjudica los servicios de temporada en las playas de Formentera para las temporadas 2023-2028 es «manifiestamente contrario a derecho» porque las dos empresas que plantearon un contencioso administrativo contra este concurso público solicitaron la suspensión cautelar del procedimiento de adjudicación «y tal petición está pendiente de resolución». Así lo afirmó la representación letrada de ambas mercantiles en un escrito remitido a la institución insular.

«Como sabe perfectamente el Consell por ser parte personada en el recurso contencioso-administrativo», las empresas demandantes «solicitaron la suspensión cautelar de los acuerdos de la Mesa de Contratación de 10, 22 y 30 de marzo de 2022», señala el escrito, «y del procedimiento de adjudicación del contrato de explotación de los servicios de temporada» en las playas de Formentera respecto a determinados lotes. Además, continúa el escrito remitido a la administración insular, «tal petición de medidas cautelares sigue a fecha de hoy pendiente de la resolución que debe dictar el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Palma, que es el órgano que conoce de ese recurso».

Por eso, y hasta que no haya una resolución sobre esa suspensión cautelar, la representación de las empresas demandantes asegura que «es obligación del Consell abstenerse de dictar ningún nuevo acuerdo en el expediente de adjudicación», según se deduce de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que deja bien claro que «cuando se ha solicitado la suspensión cautelar de un acto ante los tribunales, la Administración no puede ejecutarlo hasta que el órgano judicial resuelva sobre la media cautelar».

Aseguran que el Consell no puede alegar desconocimiento de esta doctrina ya que la parte demandante ya se lo comunicó «expresamente» en un escrito presentado el 12 de mayo de 2022 en el que solicitaba la suspensión del procedimiento hasta que se pronunciara el tribunal.

A raíz de este escrito, la Comisión de Gobierno decidió encomendar provisionalmente la gestión y explotación de los servicios de temporada de las playas «a las personas y entidades que resultaron adjudicatarias de la licitación» en el año 2013,«haciendo constar el recurso contencioso interpuesto por mis mandantes y su petición de suspensión del procedimiento de licitación y abstención de dictar ningún nuevo acuerdo hasta que el juzgado se pronuncie sobre la medida cautelar interesada», refleja el escrito enviado a la institución insular.

«Resulta absolutamente incomprensible que el Consell haya decidido ahora continuar el proceso de adjudicación», subraya la parte demandante, por lo que «procede por tanto dejar urgentemente sin efecto el acuerdo» en lo referente a los lotes recurridos.

«Dada la extrema gravedad de la situación originada», concluye el texto, «esta parte ha puesto los hechos en conocimiento» del tribunal competente y asegura que «ejercerá las acciones administrativas y personales que le corresponden si el Consell prosigue con la tramitación del proceso de adjudicación».