Así lo ha aprobado el pasado viernes la Junta de Gobierno insular, que ha estimado de manera parcial la reclamación de responsabilidad patrimonial presentada por esta persona en marzo de 2022, en la que reclamaba los daños derivados de haber estado declarada no apta en el proceso de selección de plazas funcionarias de carrera en la categoría de policía local.
Esta reclamación viene provocada por una sentencia de setiembre de 2019 de Juzgado Contencioso Administrativo número 3 de Palma, por el cual se ordenaba que se rehiciese el test psicológico del proceso por el cual esta aspirante resultó calificada no apta.
El Consell Consultiu considera que la actuación del Consell Insular a la hora de declarar no apta a la reclamante en la prueba psicotecnia del proceso selectivo «no respondió a los cánones de racionalidad exigibles que tiene que apoyar la actuación de la Administración y que limitan su arbitrariedad».
1 comentario
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... pues anda que no hay alguno que mejor le hagan un repaso. Porque policías vocacionales los pocos